El rosario judicial al que está teniendo que hacer frente el exdirector general de Minas de Riotinto, Carlos Estévez, no cesa, y a todos los procesos abiertos, se suma un nuevo auto del Juzgado de Instrucción Número 16 de Sevilla, fechado en abril de este año, por el que de nuevo se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados ya que ordena la apertura de juicio oral contra Estévez, por la presunta comisión de un delito de falsedad documental y otro de obstrucción a la Justicia, por los que tendrá que hacer frente, junto con otras 4 personas, a penas de hasta 6 años de prisión y al pago de una multa de 54.000 euros.

En dicho auto, al que ha tenido acceso VIVA, el juez afirma que “de lo instruido se infiere, al menos en principio, sin entrar a enjuiciar el fondo del asunto, la existencia de indicios de que los hechos podrían subsumirse en la tipificación de un delito de Falsedad Documental y Obstrucción a la Justicia”. “Ello es así -prosigue- puesto que existen indicios de que los imputados  confeccionaron contratos de arrendamiento entre las supuestas entidades MSA, Construcciones Zeitung, SL, y otras”, con el objeto de “generar unas ficticias deudas, que sirvieron de elemento para justificar la acción de solicitud de concurso necesario, encaminadas a parar y obstaculizarunas operaciones mercantiles efectuadas en el año 2008” y “para aparentar una serie de derechos ante otras entidades”.

Según el auto, están imputados por los hechos Carlos Estévez Ruiz de Castañeda, Francisco García Aguilar, José Francisco Rabade Fernández, Luis Arias Fontal, y Luis Alonso Bugueiro.

ACUSACIÓN

El escrito de acusación de una de las empresas afectadas por los hechos denunciados, Mantenimientos en General del Sur, Mantesur Andévalo SL  (MSA), afirma que los imputados falsificaron contratos para simular una deuda ficticia al objeto de solicitar concurso de acreedores de determinadas empresas, y así poder rescindir unos acuerdos adoptados en 2008, por lo que según la acusación la verdadera finalidad de los acusados era causar daño patrimonial en MSA.

“En definitiva -afirma el escrito- los acusados confeccionaron un documento falso (contratos de arrendamiento) para presentarlo en juicio (solicitud de concurso necesario) y conseguir con ello iniciar un proceso concursal con el que retrotraer/rescindir unos acuerdos sociales, y además generar una deuda de más de dos millones de euros en la mercantil MSA. De dichos actos consiguieron que se tramitara el proceso concursal, aunque finalmente les fue denegada su petición, sin conseguir tampoco que MSA pagara el dinero reclamado”.

La acusación imputa a os acusados de haber “diseñado un contrato de arrendamiento fingiendo una fecha más antigua”; “haber fingido su existencia más antigua haciendo coincidir con una fecha en que dos de ellos (Arias y Alonso) eran apoderados de la compañía MSA, con objeto de exigir un dinero a a una tercera empresa, explotadora de las Minas de Riotinto (EMED Tartessus)”; y de que “cuando esa empresa se niega a pagar el dinero por considerar falso ese contrato, el acusado Rabade decide fingir la existencia de un crédito a su favor, amparándose en el mismo contrato, y presenta en el Juzgado de lo Mercantil una demanda de concurso necesario contra MSA alegando que se deberían 2,1 millones de euros, todo ello para conseguir la rescisión de una serie de acuerdos suscritos por MSA con EMED en octubre de 2008”. “La presión de la hipotética rescisión de esos acuerdos -prosigue- era precisa para intentar conseguir que EMED pagara dinero a los acusados, toda vez que esa compañía está poniendo en marcha un proyecto minero de una inversión económica considerable”.

Por otra parte para la acusación cada imputado tiene una “participación indispensable en los hechos criminales”, por lo que acusa a García Aguilar y a Arias Fontal de firmar el documento falso, el primero por orden de otro de los acusados, Rabade, que es quien lo utiliza en juicio y reclama el dinero judicialmente, e interesa el concurso y la rescisión de los acuerdos de emes y MSA. Los dos segundos, “por orden de Estévez, verdadero cerebro de los hechos y quien intentó cobrar a emes el dinero bajo la excusa de la existencia de ese contrato”.

En base a ello solicita, por un delito de estafa procesal, cuatro años de prisión y multa de nueve meses (con cuota diaria de 200 euros). Por los delitos de Falsificación de Documentos Privados, un año y tres meses de prisión; y por el de presentación de documento falso en juicio, un año de prisión.

LOS CASOS JUDICIALES SE LE ACUMULAN AL EXDIRECTOR DE MRT

Los casos judiciales se le acumulan a Estévez y sus colaboradores. El último se produjo el pasado 13 de marzo, cuando la titular del juzgado de Instrucción, 13 de Sevilla dictó apertura de juicio oral contra el exdirector general de Minas de Riotinto (MRT), y otros tres acusados, por los delitos continuados de falsedad documental y apropiación indebida/estafa, con los que se enfrentan a tres años y seis meses de prisión, fijándose la fianza en 3,24 millones de euros. Dicho auto, decretó la apertura de juicio oral tras la demanda por estafa y apropiación indebida que inició Shorthorn Limited contra Estévez y los otros tres imputados (Elvira Núñez del Prado, José Luis Núñez del Prado y Luis Arias Fontanal).