La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este jueves que con la nueva Ley de Mutuas, que actualmente tramita el Congreso de los Diputados, los trabajadores españoles estarán "mejor protegidos que antes" cuando sufran un proceso de incapacidad temporal (IT), y ha defendido además que esta reforma es "oportuna e inaplazable" y que aportará mayor eficacia al sistema y un mejor control del uso de los recursos públicos.

   Así lo ha señalado durante su defensa ante el Pleno de la Cámara Baja del proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, contra la que han presentado enmienda de totalidad el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, el PNV, el BNG, ERC y Amaiur.

   Según Báñez, este proyecto está pensado para "beneficiar a los 15 millones de trabajadores (cubiertos por una mutua), a las empresas y, en conjunto, a todo el sistema de Seguridad Social" ya que se "simplificarán trámites y se reforzarán los controles" del uso que se da a los recursos públicos, lo que permitirá contar con un sistema "más ágil y con mejores controles", es decir, "más solvente".

   "Los trabajadores en situación de incapacidad temporal han estado, están y estarán siempre protegidos por el sistema de la Seguridad Social, y con esta ley lo estarán mejor de lo que lo estaban antes. La reforma de las mutuas es oportuna e inaplazable", ha insistido la ministra, recordando que estas entidades gestionan más de 9.000 millones de euros al año de recursos públicos.

REFORMA EQUILIBRADA

   A renglón seguido, la titular de Empleo ha añadido que el proyecto propuesto es "equilibrado" y "completo", ya que la normativa de mutuas no se ha actualizado de forma integral desde 1966. "Y a veces las cosas importantes, para preservarlas, hay que reformarlas", ha señalado, subrayando que el Gobierno 'popular' "no mira para otro lado" a la hora de afrontar este tipo de responsabilidades.

    "Los ciudadanos nos demandan cada día más eficacia, más resultados, mas control y más sensibilidad al gestionar los recursos públicos. Esta reforma mejora la transparencia y fiabilidad de gran parte de la Seguridad Social. El objetivo es que los ciudadanos tengan cada día un sistema de prestaciones con mejor cobertura, mayor calidad y un uso cada día más eficiente y transparente de los recursos públicos", ha insistido.

   Báñez también ha asegurado que en la elaboración del proyecto de ley se ha contado con los interlocutores sociales y el resto de agentes del sector, y ha ofrecido un "diálogo constructivo" a los grupos de la oposición durante la tramitación parlamentaria de la norma.

CONTENIDO DEL PROYECTO

   A renglón seguido, la ministra ha desgranado sucintamente el contenido del proyecto que, por una parte, establece unas "reglas adecuadas" sobre las reservas y el uso de los excedentes del sistema para que "no crezcan indebidamente y se destinen a nutrir lo esencial: los diferentes fondos de la Seguridad Social". "No nos podemos permitir recursos ociosos, ni económicos ni materiales", ha defendido.

   También se incluyen "mejoras" en el ámbito de la gobernanza de las mutuas, fijando la responsabilidad directa de sus directivos si hay dolo o culpa grave, limitando las retribuciones de la cúpula directiva e incrementando la transparencia, entre otras cosas. Y se simplifica el acceso a la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos.

MENOS BUROCRACIA

   La tercera pata del proyecto pasa por eliminar burocracia con la reducción de los plazos de contestación a las peticiones de alta de una incapacidad temporal. El objetivo, según Báñez, es "resolver el problema de la demora o la no contestación a las peticiones de altas por parte de los servicios públicos de salud".

   Para ello, se permite que las mutuas controlen las bajas temporales desde el primer día y puedan proponer el alta "motivada y justificadamente, aportando pruebas y resultados, a la Inspección médica de los servicios públicos de salud, comunicándosela también al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al trabajador".

   "Agilizamos los plazos de respuesta, la burocracia, siendo absolutamente respetuosos con la concepción de esta prestación como una responsabilidad pública que descansa en el personal del Servicio Nacional de Salud y la garantía de que la salud del trabajador prevalece sobre cualquier otra consideración. La capacidad de decisión sobre el alta de un trabajador la tendrá siempre, siempre, un médico del sistema público de salud", ha destacado.

   En este punto, Báñez ha criticado la "cínica" enmienda de totalidad del PSOE, que "acusa a la ley de recortar el derecho a la salud de los trabajadores". "Eso es radicalmente falso", ha afirmado, recordando que gobiernos socialistas ya incluyeron en el pasado cambios normativos para "evitar la prolongación innecesaria de los procesos de baja laboral por contingencias comunes".

   "A ustedes mismos se les contesta con sus palabras. Claro que últimamente al PSOE sus aportaciones le duran 24 horas. Su enmienda no es a este gobierno, sino a su propia gestión de las mutuas", ha zanjado, asegurando por último que con esta norma se da cumplimiento al mandato de la Ley 27/2011, a las recomendaciones del Pacto de Toledo y a las advertencias del Tribunal de Cuentas.