Agricultura. En La Algaida y por un importe que oscila entre los 500 y 800 euros para cada uno de los propietarios
La comunidad de regantes de La Algaida y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-Cádiz) denunciaron ayer en la sede del primer colectivo citado que la Consejería de Medio Ambiente continúa imponiendo sanciones y amenazando con cerrar los toyos a los campesinos de la Colonia a pesar de “tratarse de una práctica legal”. Adelantaron que de no alcanzarse una solución tienen previsto programar una manifestación.
Actualmente, unos 400 comuneros de esta zona de Sanlúcar riegan mediante estos pozos tradicionales para obtener cultivos hortofrutícolas, especialmente zanahorias, patatas y boniatos. Las sanciones impuestas oscilan entre los 500 y 800 euros.
LAS SANCIONES, SEGÚN EL TAMAÑO Las sanciones impuestas oscilan entre los 500 y 800 euros, dependiendo del tamaño del toyo. A algunos regantes, incluso, se les ha amenazado con el cierre de sus pozos.
El secretario general de UPA-Cádiz, José Manrique de Lara, se pregunta “el porqué de estas actuaciones de la Junta de Andalucía, realizadas a través de la Dirección de la Cuenca Atlántica y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuando dichos organismos de la Administración Autonómica saben que los toyos de Sanlúcar forman parte de la infraestructura de riego de la Colonia Monte Algaida”.
De hecho, tal y cómo agregó el presidente de la comunidad de regantes de La Algaida, José Romero, “los comuneros no podemos regar de otra manera. El cierre de nuestros pozos implica mandarnos directamente al paro”.
Según Manrique de Lara, “sacar el agua de estos pozos es necesario para mantener el sistema de cultivo de La Algaida. De lo contrario, los toyos pueden rebosar y estropear toda la producción”.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos resalta que ha mantenido reuniones con el Comisario del Agua, el director de la Cuenca Atlántica y el delegado provincial de Medio Ambiente, obteniendo su apoyo en esta materia. Incluso valora que la Cuenca Atlántica de la Agencia Andaluza del Agua se comprometió a paralizar las sanciones aplicadas a los poceros. Pese al anuncio de este compromiso, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos denuncia que aún no hay nada al respecto. “Exigimos la unidad entre las Cuencas del Agua porque hay una gran descoordinación entre las Administraciones, todas nos dan la razón pero las sanciones a los comuneros continúan llegando”, manifestó al secretario general de la UPA Cádiz.
Cabe recordar que José Manrique de Lara y José Romero se reunieron con los comuneros de La Algaida para coordinar acciones conjuntas con la intención de acabar con esta situaciones de sanciones que califican de “indiscriminadas”.
Tanto UPA Cádiz como la comunidad de regantes de La Algaida acordaron esperar hasta el próximo mes de enero a que las Administraciones competentes paralicen las sanciones. De no ser así, ambas organizaciones han anunciado que organizarán movilizaciones y distintas actividades de protestas porque el problema de abastecimiento de agua a los campos de cultivos puede ser “grave”.
José Romero recuerda que “los primeros pozos se construyeron hace 45 años tras muchas esfuerzos. En los años 2001-2002 llegaron las primeras denuncias para pasar después a su legalización, que duró tres o cuatro años. Todo se quedó paralizado y los que estaban legalizados comenzaron a recibir denuncias. Los pozos son imprescindibles y lo peor vino en el verano del año pasado, ya que se nos comunicó que había que enterrar los pozos. Está claro que una alberca para muchos agricultores no es la solución. Hace dos semanas llegaron las últimas denuncias”.
José Manrique de Lara hace hincapié en que “estamos hablando de unos toyos que son históricos, de hace un siglo. El agua se agotó en los años 80 y después llegó la ampliación de la zona regable hasta las 1.000 hectáreas, de ahí que necesitáramos esa agua. Los toyos son complementarios a lo que es el regadío y en este asunto hay tres organismos implicados”.
Lamenta que “no hemos encontrado una respuesta y lo que se ha producido es una imcompetencia de las Administraciones porque no han sabido atajar el problema y ha existido una pasividad ante los agricultores. Puede surgir un desastre económico”.
