El que fuera exdirector de Minas de Riotinto (MRT), Carlos Estévez, se enfrenta a partir de este lunes en la Audiencia de Sevilla a la petición de tres años y medio de prisión por los delitos de apropiación indebida, estafa, falsedades y delitos societarios, petición que la acusación eleva hasta los seis años, por un entramado societario en el que él y tres de sus considerados testaferros consiguieron desviar 2,79 millones de euros para sus propios intereses con el trasfondo de la minería onubense.
Entre los testigos que han sido llamados a declarar en el juicio se encuentra el que fuera consejero de Industria de la Junta, Guillermo Gutiérrez, el que fuera liquidador judicial de Minas de Riotinto, Miguel Isasi Fernández, o la que fuera responsable de recursos humanos de Emed Tartessus, Tara Wales, empresa que también denunció por hechos similares a los acusados.
La querella fue iniciada por Shorthorn Limited contra Estévez y los otros tres imputados -Elvira Núñez del Prado, José Luis Núñez del Prado y Luis Arias Fontanal- a los que consideraba sus testaferros, tras la venta de MRT a la empresa suiza y constatar que los pagos que periódicamente efectuaba no repercutían en la reapertura de Riotinto.
De hecho, un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional constata el saqueo de las arcas de las sociedades titulares de las Minas de Riotinto mediante empresas fantasmas, facturas falsas y documentación inventada con las que Estévez y varios testaferros consiguieron extraer de las cuentas de la entidad más de 2,79 millones de euros.
Esta es la cifra, más los intereses, que la fiscalía pide como responsabilidad civil a los acusados por el daño causado a Shorthorn, aunque la acusación particular la eleva a 3.235.162,72 euros, una suma obtenida de los 2.262.864,49 euros que fueron transferidos a IEG (una de las sociedades de Estévez y sus “testaferros”) “sin que conste su destino”, más los 652.170,67 euros “desviados a sociedades propias o de terceros sin los que las compañías MSA -Mantesur Andévalo- o IEG tuvieran actividad mercantil”, y otros 320.127,56 euros “mediante el pago de otras tantas facturas falsas”, más los intereses legales.
Por su parte, los acusados han mantenido hasta lña fecha su desacuerdo con el relato de los hechos acusatorios y aseguran que su comportanmiento “no es constitutivo de delito alguno”.
