El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha elevado un escrito a la juez María Núñez Bolaños en el que niega "radicalmente" haber participado "de manera alguna en concierto de ninguna clase para utilización ilegítima de fondos públicos".

   En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del exconsejero se pronuncia de este modo después de que la magistrada aludiera a su patrocinado en un auto donde rechazaba por segunda vez la petición del dueño de Uniter, José González Mata, para que se archivara su causa en lo relativo al delito de malversación de caudales públicos.

   En este auto, la instructora decía que, en virtud de lo investigado, "resulta posible" que González Mata participara desde el año 2001 al 2010 "de manera activa en la utilización ilegítima de fondos públicos, mediante el concierto necesario con los responsables de la Consejería de Empleo, fundamentalmente" con los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, "y ello con motivo de la concesión por éstos últimos de las subvenciones sociolaborales".

   Frente a ello, el letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, rechaza "con toda firmeza" lo anterior "al no corresponderse en modo alguno con la realidad", ya que su cliente "radicalmente niega haber participado de manera alguna en concierto de ninguna clase para utilización ilegítima de fondos públicos, sin que exista prueba ni indicio consistente alguno de tal supuesta participación que mera y gratuitamente se presume".

   Asimismo, la defensa de Fernández asevera en este escrito que éste "jamás concedió ni una sola ayuda sociolaboral ni directa a empresa de las que son objeto de investigación en esta causa", ya que "la competencia para ello estaba expresamente residenciada y fue en todo momento autónoma y exclusivamente ejercida" por el director general de Trabajo.

   El letrado, en este escrito de alegaciones fechado el pasado 21 de enero y consultado por Europa Press, subraya que, "con ocasión de serle recibida declaración en la ya lejana primavera de 2012", su patrocinado "fue objeto de una imputación tan masiva que se extendía a todas y cada una de las ayudas sociolaborales o directas a empresas concedidas a lo largo de todo el periodo en que ejerció cargos en la Consejería de Empleo".

"GENERAL E ILIMITADO"

   El abogado dice que se trató de una imputación "de carácter general e ilimitado que sólo cabe interpretar a la luz del momento en que se produjo --el del estallido inicial del caso, en condiciones de muy incipiente investigación y escaso conocimiento de los hechos-- y que tuvo efectos devastadores sobre su presunción de inocencia que aún se extienden en el tiempo y llegan hasta el momento presente".

   El abogado explica que, en aquel momento, al exconsejero "sólo le cupo negar --y negó-- con firmeza cualquier intervención en las concretas decisiones de concesión de tales ayudas, pues es así que tal competencia se ejercitó en todo momento por el órgano que la tenía encomendada en exclusiva, y desde luego que se negó cualquier conocimiento sobre eventuales decisiones torcidas en el ejercicio de la misma, si es que las hubo, que en ello no corresponde entrar a esta defensa".

   "La realidad es que a nuestro representado no puede racionalmente atribuírsele una participación activa de carácter relevante y mínimo valor interpretativo jurídico-penal en los aludidos hechos", pone de manifiesto la defensa del exconsejero, que, por ello, expresa su "firme y frontal rechazo a las apreciaciones que en relación" a su representado contiene el auto.

"MERAS SOSPECHAS"

   Y es que, a su juicio, "el hecho de ser superior jerárquico de quien, como órgano competente, en cada momento resolvió, no puede por sí solo abocar a una persona a juicio, en base a meras sospechas, y en ausencia de otros indicios mínimamente consistentes de participación activa en los hechos", por lo que invoca el derecho de tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho "a no ser innecesariamente sometido a juicio".

   En este punto, el letrado de Antonio Fernández expresa su "plena confianza" en que, "llegado el momento, el juzgado habrá de asumir su papel constitucional como órgano imparcial y en evitación de acusaciones infundadas".