La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha acordado abrir una pieza separada para investigar las ayudas a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla atiende así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y acuerda la incoación de una pieza separada para investigar las ayudas al "grupo de empresas vinculadas" a Ángel Rodríguez de la Borbolla.
Las nuevas diligencias previas acordadas por la magistrada abarcarán las ayudas recibidas por cinco empresas ligadas al sector del corcho, como son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.
En un escrito fechado el 26 de octubre, la Fiscalía reclamó a la instructora que dictara un nuevo auto "por el que se acuerde la incoación de pieza separada que englobe el total de las ayudas recibidas por el grupo de empresas ligadas" a Ángel Rodríguez de la Borbolla, "cuyo entramado empresarial" ya ha sido objeto de análisis por la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Junta de Andalucía.
La Fiscalía recuerda que, sobre estos hechos, ya han prestado declaración como investigados el propio Ángel Rodríguez de la Borbolla, que fue imputado por la juez Mercedes Alaya mediante auto de 5 de marzo de 2012, el alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sotero M. Martín Barrero (PSOE), y el extrabajador de algunas de estas empresas Rogelio Becerra Martín.
Al hilo de ello, el Ministerio Público dice que "está pendiente la localización del empresario portugués Fernando Pedro Moreira Oliveira".
LA IMPUTACIÓN
En marzo de 2012, la juez Mercedes Alaya, entonces titular del Juzgado, imputó a Ángel Rodríguez de la Borbolla al considerar que, mediante un "entramado" de empresas, "habría obtenido con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud" 9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.
La juez consideraba que, "mediante un sistema de entramado de empresas dedicadas a la manufactura del corcho y ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla, habría obtenido, con total ausencia de procedimiento, sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para las que fueron concedidas, ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo y que oscilarían alrededor de los 9.009.108 euros con cargos a los fondos públicos y a través de la agencia IDEA".
