El PP denuncia ante el juzgado al presidente de la Diputación de Cádiz por presunto delito de coacciones

El Grupo del PP en la Diputación Provincial de Cádiz presentó hoy en el Juzgado de Guardia una denuncia contra el presidente de la institución provincial, Francisco González Cabaña (PSOE), por un presunto delito de coacciones y contra el ejercicio de los derechos cívicos en relación a la polémica suscitada a raíz de la última junta general de Tugasa, celebrada antes del último Pleno ordinario, y que terminó con los diputados provinciales del PP marchándose de la sala al sentirse "desamparados".

En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el PP relata los hechos, significando que durante la celebración de la citada junta general, un grupo de unos 30 trabajadores de Diputación "accedieron al Salón con una pancarta con el texto 'PP = Precariedad laboral. Estabilidad en el empleo en función de si el PP gobierna o no'.

Asimismo, indica el PP que los trabajadores "se colocaron inmediatamente detrás de los diputados del Grupo Popular, dirigiéndose a ellos de una forma impetuosa y vehemente". Así, según consta en la denuncia, "ante dicha situación y la imposibilidad de debatir en la junta general" requirieron al presidente de la Diputación a que "conforme instruye el reglamento de l Corporación, garantizara y tutelara el ejercicio de los derechos civiles y de representación pública que constitucionalmente ostentan los diputados del PP recriminados y que estaban siendo claramente conculcados por los trabajadores".

El PP recuerda en la denuncia presentada que según el Reglamento Orgánico de la Diputación "el público asistente a las sesiones no podrá intervenir, ni tampoco podrán permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo el presidente proceder, en casos extremos, a las expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión".

Según el PP, "ante dicho requerimiento" el presidente de la Corporación "hizo caso omiso, permitiendo que los trabajadores profirieran gritos e insultos contra los miembros del PP y, dada la cercanía de los manifestantes, coartando de una forma expresa, consciente, deliberada y amparada por la Presidencia de la Corporación ante su pasividad". Además, añade el PP en su denuncia que "ante la advertencia al presidente de que estaba permitiendo que se conculcaran derechos fundamentales y que ello sería denunciado ante la autoridad judicial, manifestó que a él no le asusta nadie".

Así, según relata el PP, "ante el cariz que estaba tomando la situación y ante el desamparo expreso del presidente de la sesión, los miembros del Grupo Popular, hubieron de abandonar la junta general sin poder ejercer su derecho al debate y voto, impidiéndose con ello el libre ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española".

A juicio del PP los hechos son constitutivos de un delito de cocciones, previsto en el artículo 172 del Código Penal, y de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, previsto en al artículo 542 del Código Penal, lo que podría acarrear una pena de inhabilitación de uno a cuatro años".