Además, instan a la administración a que el precio fijado no sea excesivo
Ante la denuncia pública realizada por la asociación de vecinos de la Cañada del Verdugo, el equipo de Gobierno lamenta confirmar que en estos momentos es imposible hacer frente al parcheo de la calle principal de esta zona, a pesar de que los socavones impiden en muchas ocasiones que los vecinos puedan transitar con sus vehículos propios con normalidad e incluso, como indicaron desde la entidad vecinal, que se produzcan accidentes leves por esta causa.
Por un lado, se insiste en que, cada vez que ha sido necesario, el área de Mantenimiento Urbano ha enviado a algunos operarios municipales a hacer un parcheo ligero con los restos de distintas obras o trabajos realizados, pero en esta ocasión y debido a la cantidad de trabajos que se están llevando a cabo, los operarios están totalmente saturados de trabajo, no pudiendo dejar sus obligaciones para arreglar este tipo de socavones, puesto que no corresponde al Ayuntamiento esta actuación, a pesar de que siempre se ha llevado a cabo para no perjudicar a los vecinos.
Por otro lado, desde el área de Urbanismo se destaca, como el alcalde, Enrique Moresco, ha planteado en muchas ocasiones a los vecinos, que realmente no es una labor que corresponda al Consistorio, ni siquiera que pueda llevar a cabo puesto que incurre en ilegalidad, ya que este espacio no está regularizado, correspondiendo por tanto los trabajos de parcheo a la Junta de Andalucía, que es la actual propietaria de los terrenos.
A tenor de los problemas que insisten los vecinos que hay para entrar y salir de la Cañada, otra solución que aporta el área de Urbanismo es que se dirijan al área o delegación de Agricultura para que se dé una solución a dicho problema, siempre tratando el terreno desde el punto de vista de camino rural y no como carretera.
Celeridad a la junta
Por otro lado, desde Urbanismo, su titular, Patricia Ybarra, solicita a la Junta de Andalucía celeridad en cuanto a la desafectación de la Cañada del Verdugo, con la intención de que se pueda estudiar el caso de estos vecinos y se les pueda dotar de servicios. La idea es que la administración autonómica transfiera cuanto antes los terrenos a la EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía) para que se los venda a los vecinos, siempre teniendo en cuenta que no en todos los espacios donde hay una construcción se podrá dar dicha posibilidad. Así, y tal y como se ha comprometido el equipo de Gobierno con los vecinos en algunos encuentros mantenidos, se instará a la Junta a que se agilice el proceso, así como se exigirá, en la medida de lo posible, que el precio que se imponga a los vecinos por sus terrenos no sea excesivamente elevado.
Por otro lado, aclaran que estos vecinos pagan IBI de naturaleza urbana que no urbano, que tiene su aplicación en parcelas con características agrícolas, por lo que no se corresponde con suelo urbano, por lo que no pueden exigir el asfaltado.
