Cospedal denuncia escuchas telefónicas ilegales al PP

La actualidad política ha estado condicionada por las acusaciones de Cospedal hacia el Gobierno socialista de Zapatero de 'utilizar de forma partidista la Fiscalía General, la Policía judicial, los servicios del Ministerio del Interior y al CNI’, afirmando que cargos de su partido ‘han sido víctimas de escuchas telefónicas ilegales'. Estos días se ha hablado de linchamiento, para definir la estrategia política diseñada por el PSOE para arrinconar al principal partido de la oposición, sin que esa campaña de acoso se atenga siquiera a guardas las mínimas formas.

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Ha salido a la palestra pública el supuesto uso artero de fiscales y policías, con la anuencia y coartada necesaria de jueces que sentencian e instruyen sumarios, los cuales a veces filtran interesadamente a ciertos periódicos 'amigos', como elemento importante en su escalada de acceso al poder.

Una Fiscalía General del Estado que claramente ha actuado al dictado de las consignas políticas del Gobierno, siguiendo las órdenes de la vicepresidenta, allende los mares, para que presentara el recurso contra la absolución del presidente Camps.

Un linchamiento que proseguía un día después con las redadas por el llamado ‘caso Palma Arena’, con una actuación que ha hecho rememorar tiempos pasados de la dictadura franquista. Reconocidos líderes populares de la isla eran retenidos 72 horas, a pesar de haber mostrado su intención de declarar voluntariamente y eran exhibidos, cual trofeo de caza, esposados a pares (rememorando el recuerdo de las horcas caudinas, pero sustituyendo el yugo de los romanos por las esposas). ¡Qué orgullosos hubieran posado con ‘sus piezas’ el 'cazador cazado' y el juez mediático!

Una actitud de lucha contra la corrupción la promovida por la Fiscalía anticorrupoción que sería justificable si los procedimientos hubiesen sido los mismos en todas partes, con independencia del color político de sus responsables. Pero éste no es el caso. El problema radica en que se combate inexorablemente en unos sitios, mientras se tolera o se ignora en otros.

Una Justicia que no es igual para todos, que promueve escuchas telefónicas durante meses, que acepta denuncias anónimas o "de alguien que pasaba por allí", o de una noticia "aparecida en un periódico", para promover actuaciones contra el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides. Sin más pruebas que una versión torticera de los hechos, interpretadas por fiscales o jueces que parecen actuar, no al dictado del interés general, sino como respuesta o correa de trasmisión del interés político del partido en el poder, o el medro personal de quien -podría interpretarse- pretende hacer carrera en la judicatura.