Chamizo estudia si Moresco viola la ley por el pacto con Gago

Independientes Portuenses muestra su satisfacción porque el adjunto segundo del Defensor del Pueblo Andaluz, Manuel Ángel Aguilar Belda, ya ha examinado la queja que el grupo político envió el pasado mes de junio por hechos “que nosotros consideramos presuntamente ilegales. Entendemos que no es de recibo que en los tiempos que corren el señor Moresco, a golpe de decretos, pueda saltarse a la torera de forma flagrante y continuada uno de los derechos fundamentales consagrados en el título I de la Constitución Española como es el respeto a la ley”, anuncian mediante comunicado de prensa.

Como siguen explicando “al día de hoy (por ayer), tenemos constancia por escrito de que se han iniciado por parte del señor Aguilar Belda las primeras diligencias indagatorias y los trámites legales que deberán conducir al total esclarecimiento de los actos y resoluciones adoptados por Enrique Moresco y dilucidar si estos actos llevados a cabo son legítimos o no, pues a nuestro entender, al asignarle a Fernando Gago unas retribuciones mensuales muy superiores a las que le corresponderían por ley en su condición de concejal tránsfuga no adscrito podría estar infringiendo las leyes”.

Así, desde la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz salió un escrito hacia la presidenta de IP, Silvia Gómez, el pasado 7 de agosto, en el que se incide en que “a la vista de lo manifestado en su referido escrito se ha decidido dar cuenta de su contenido sustancial al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al objeto de contrastar sus alegaciones y dictaminar sobre la concurrencia en su caso de los requisitos exigibles para la admisión a trámite de su queja”.

Anuncian desde IP que “El Ayuntamiento en breve va a ser requerido por el Defensor del Pueblo para que aporte las alegaciones que considere convenientes en su defensa. Tenemos que decir que, en el caso de que el Defensor del Pueblo, en las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta presumiblemente delictiva lo pondrá en conocimiento inmediato del Fiscal General del Estado”.

Incumplimientos

En Independientes Portuenses, añaden desde el partido político, “creemos que Enrique Moresco, al mantener a un tránsfuga como Fernando Gago de forma continuada en el gobierno local está incumpliendo lo establecido en el dictamen de la Comisión Antritransfuguismo, en el código de conducta política en relación con el transfuguismo y en la Ley de Bases del Régimen Local, no pudiendo distinguirse si esta acción política es un presunto delito de prevaricación en su vertiente continuada y dolosa o una simple infracción administrativa”.

Con este tipo de acciones políticas, considera Independientes Portuenses que el primer edil “no sólo quebranta las normas éticas del Partido Popular contra el transfuguismo, sino que además a sabiendas sigue obrando con malicia al faltar a uno de los deberes más sagrados para todos aquellos que se consideran demócratas y mucho más después de haber jurado ante nuestra patrona y ante todos los ciudadanos el cumplir y hacer cumplir lo establecido en nuestra Constitución en su toma de posesión como alcalde”.

Actualidad política

Por ello, admiten que, de confirmarse estas presuntas irregularidades por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, “de nuevo nuestra ciudad volverá a estar en la actualidad informativa nacional y será asociada con los numerosos casos de corrupción política que se están destapando en el Partido Popular en toda España, y todo porque nuestro alcalde ha elegido como compañero de viaje político a un concejal tránsfuga que se rie de la Ley de la Memoria Histórica, se limpia los ‘esfínteres’ con los dictámenes jurídicos emitidos por las instituciones, mora en una vivienda ilegal y al que le basta sólo levantar la mano en los plenos de forma mimética a Enrique Moresco para que le sean condonadas todas sus tropelías, recibiendo además el plus de la bendición incondicional a sus desmanes de los señores Enrique Moresco y Aurelio Sánchez”.

El escrito recibido desde la oficina del Defensor del Pueblo señala que la decisión que finalmente se adopte, sea cual sea, se le dará cuenta de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica antes citada. Se hará siempre con la mayor celeridad que lo permitan los demás casos a estudiar.