El 25 de mayo es la fecha límite que tiene la Junta para adaptar su funcionamiento al nuevo Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo sobre Protección de Datos, aprobado desde abril de 2016. Y a menos de tres semanas este objetivo se antoja imposible.
"Tenemos que manifestar la preocupación de esta Institución por las dilaciones habidas en la asunción por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía de las competencias que en materia de protección de datos le encomienda la Ley 1/2014"El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía lo viene advirtiendo desde hace meses. En diciembre pasado, su director, Manuel Medina, ya avisaba de que Andalucía no estaba preparada. Pese a su nombre y a que tanto la Ley 1/2014 de Transparencia de Andalucía y el propio Estatuto de Autonomía le otorgan las competencias, la Junta no ha aprobado aún una normativa de desarrollo que haga efectivo lo que hasta ahora no deja de ser sólo una intención.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una actuación de oficio para "supervisar" las "medidas para el cumplimiento de las previsiones del Reglamento General de Protección de Datos". Si las hubiera.
"No podemos por menos que manifestar la preocupación de esta Institución por las dilaciones habidas en la asunción por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía de las competencias que en materia de protección de datos le encomienda la Ley 1/2014, especialmente cuando estamos a escasas fechas de que comience a aplicarse en Andalucía una norma de tanta trascendencia y alcance como es el Reglamento General de Protección de Datos", apunta el Defensor.
Por su parte, en la página web del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se puede leer un comunicado de este órgano en el que se afirma que "hasta la fecha el Gobierno andaluz no ha adoptado ninguna decisión encaminada a que este Consejo pueda ejercer esta competencia en materia de Protección de Datos que legalmente tiene atribuida". Y añade que, "en consecuencia", hasta que la Junta "no decida desbloquear el ejercicio efectivo de esta competencia, el Consejo no estará jurídicamente habilitado para atender consultas, ni gestionar comunicaciones", ni de ciudadanos ni de entidades públicas o privadas.
Delegados de protección de datos
Al no poder Andalucía ejercer las competencias en Protección de Datos, pese a tenerlas reconocidas por la Ley 1/2004 y por el propio Estatuto, seguirá la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) siendo la autoridad de control competente en el territorio andaluz.
El nuevo Reglamento exige a los sujetos obligados por la Ley de Protección de Datos, es decir, administraciones públicas y algunas empresas, que apliquen ciertos procedimientos de organización interna. Y una de las primeras cuestiones es nombrar a un "delegado de Protección de Datos", encargado de garantizar y vigilar que la entidad cumpla con lo que estipula la normativa en la materia.
Pocos organismos cuentan en Andalucía con esta figura. De hecho, el Parlamento de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz, anunciaron esta semana que nombrarán antes del 25 de mayo a su respectivo delegado de protección de datos. Hasta su completo desarrollo, esta figura quedará integrada en la estructura de personal del Defensor, dada su condición de comisionado del Parlamento y que su objetivo es la defensa de los derechos y libertades recogidos en la Constitución y en el Estatuto.
Comisión de Transferencias
El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, avanzó esta semana que la Junta ha iniciado ante la Comisión Mixta de Transferencias los trámites para la asunción definitiva de las competencias en materia de protección de datos.
Según dijo, "se abre la puerta a una próxima negociación para el traspaso de estas competencias, que se ha diferido en el tiempo ante el proceso de cambio normativo" que ha supuesto el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de datos, que será aplicable a partir del 25 de mayo.
