Nadie debería poner en duda que ni éste ni el anterior gobierno autonómico han intentado poner en marcha cuantas iniciativas han tenido en su mano para hacer frente al desempleo. Otra cosa es que hayan resultado eficaces. El PP, por ejemplo, reivindica ahora como éxito propio la reducción de la tasa de desempleo durante 2019. Al parecer, para algunas cosas un año ha sido más que suficiente para demostrar la valía del gobierno del cambio, mientras que para otras somos demasiado impacientes. En realidad, ni lo uno ni lo otro; es decir, ni todo el mérito del descenso del paro corresponde al nuevo gobierno, como tampoco resulta plausible exigirle resultados inmediatos ante proyectos que llevan años y décadas enquistados.
El papel, como suele decirse, lo aguanta todo. Como teóricos, dignos acreedores del cum laude, pero la práctica no hace sino fraguar suspensos, incluidos los del nuevo gobierno, al que la experimentación le sitúa, de momento, lejos del territorio de las certezas. Pongamos por caso las ayudas a los autónomos, la famosa tarifa plana para el “estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo”. Entre julio y diciembre del año pasado se presentaron 1.127 solicitudes en la provincia de Cádiz para acogerse a la medida, de las que solo se han tramitado 132. Hay casi mil en el aire a la espera del estímulo necesario para contribuir a la creación de riqueza y empleo, que es el fin último de toda iniciativa en favor del tejido empresarial. El estímulo -Cádiz ha sido la tercera provincia española en la que más ha crecido el número de autónomos en 2019- parece responder más bien a la propia necesidad del autoempleo que al de las ayudas anunciadas, pese a lo cual habrá que confiar en que esos beneficios fiscales terminen por llegar a todos los que cumplan con los requisitos.
Ocurre otro tanto de lo mismo con la formación de los desempleados, reconocido en los diagnósticos como una de las circunstancias que van en detrimento de la contratación de mano de obra cualificada en origen. Anuncios van ya unos cuantos, y bien encaminados, incluso mejor encaminados que los que llegó a proponer el gobierno socialista en su momento, cuando se promovían escuelas taller para obreros de la construcción en pleno estallido de la burbuja del ladrillo, pero el tiempo corre a la misma velocidad a la que se desvanecen las esperanzas de quienes están a la espera de esa formación para responder a la demanda del mercado laboral, cada vez más específica y especializada, a la par que urgente.
Hay más medidas y soluciones reclamadas, planteadas, prometidas, esperadas. Pasan por un mismo nombre, convertido después de tantos años en casi una entelequia: plan de empleo específico para la provincia de Cádiz. Iba a venir de la mano de los fondos ITI correspondientes al Estado, incluso de la del nuevo gobierno de la nación -fuera el que fuese-. Nunca hubo tanta unanimidad para algo, incluso para contradecirse después con los hechos. Planes de empleo como tal solo los hemos visto en los últimos años desde la Diputación y desde la Junta; los primeros, coaligados al desarrollo de obras e intervenciones de mejora en los municipios beneficiarios y, los segundos, a la ampliación de la prestación de servicios municipales. En el fondo, un alivio temporal para los desempleados y para cada ayuntamiento, pero no una medida efectiva cuya consecuencia sea ampliar el horizonte laboral para los seleccionados por el SAE.
Por si fuera poco, una sentencia del Supremo acaba de unificar doctrina a la hora de aplicar dichos planes de empleo y dictamina que los contratados deben serlo en virtud de los convenios laborales de cada ayuntamiento y no según la tabla de cotización fijada en las bases, lo que va a reducir considerablemente el número de parados contratados, salvo que la Junta incorpore una adenda a la convocatoria que permita flexibilizar los horarios y tiempo de contratación, puesto que ya ha advertido que no asumirá los sobrecostes. El PSOE tampoco lo hubiera hecho, como reclama ahora, pero haría bien la Junta en ver más allá de lo que se le presenta como un conflicto político y en plantear al menos una alternativa en vez de escurrir el bulto.
