Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en realidad cárceles para detenidos “preventivamente”, suponen la negación del derecho esencial de todo ser humano de transitar libremente por el planeta tierra. Si un ser humano no pude hacerlo en libertad de que “derechos humanos” se habla.
Evidentemente cualquier persona que llega del exterior debe ser acogida y valorarse su estado de salud. Una vez que queda acreditado que no padece enfermedades infecto contagiosas, basta con una identificación para que se sepa quien ha llegado y desea convivir entre los naturales del país. Pero ahí se acaban las pesquisas porque, en un país donde llegan más de 47 millones de extranjeros turistas, no se pude discriminar a unas pocas personas porque no llevan consigo documentos que acrediten que se llaman como se llaman y proceden de tal o cual país.
El problema de la llegada de miles de personas buscando una vida mejor en Europa no reside en que lleguen a nuestras costas, sino que sea la economía capitalista mundial la que permita que, en sus lugares de origen, la vida digna no sea posible. La solución a los problemas que generan los movimientos migratorios, reside en garantizar las condiciones vitales y seguras en los territorios de origen y con ello la población no tenga que migrar.
En esta tierra, que cuenta con dos CIEs en inhumanas condiciones de habitabilidad, puestas de manifiesto por jueces, fiscales, defensores del pueblo, políticos, etc… se pretende continuar con estas injustas cárceles preventivas. Si estuvieran en condiciones para albergar a personas serían magníficos refugios para aquellas personas que voluntariamente solicitaran esa ayuda. Pero los políticos no está por la tarea y ya anuncian que un nuevo CIE cuenta con casi 10 millones de euros para el 2021 casi un 40% del coste total que ronda los 27 millones, aunque al final por aquello de “po ya que” saldrá por más de 30 millones. Y este dislate se produce en plena pandemia y con tanta necesidad en toda la población natural como emigrante.
Urge que entre en razón el Gobierno de la Nación y que socialistas y podemitas, se dirijan a sus compañeras y compañeros en el poder, para que dediquen ese ingente esfuerzo económico a una causa más noble que detener a quien no ha delinquido. Además de aclarar con detalle a que viene presupuestar gastos de más de medio millón de euros en “mejoras” de los CIES actuales en la Piñera y en la Isla de Tarifa.
Podrían preguntar a la coordinadora “CIES NO”, que tiene estupendas ideas, para invertir esos dineros que hoy por hoy, con tanta necesidad, sanitaria, social, de cuidados…, de todas las personas que viven en el Campo de Gibraltar, servirán solo para cercenar la dignidad y libertad de seres humanos.
Rafael Fenoy Rico
