El proyecto de Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante ha superado este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento de Andalucía, con lo que ahora seguirá su tramitación en comisión parlamentaria, donde los grupos políticos podrán plantear enmiendas parciales.
La futura norma ha superado el debate de totalidad sin que ningún grupo parlamentario le haya planteado enmienda a la totalidad.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido el proyecto de ley ante el Pleno, apuntando que el posicionamiento de esta norma está muy claro, "luchar contra el fraude y la corrupción", algo que los andaluces estaban esperando desde hace mucho tiempo. Ha indicado que la corrupción ha sido uno de los mayores lastres de nuestra comunidad durante décadas y una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y han tenido que pasar décadas para que en esta comunidad se planteara una herramienta para luchar contra la corrupción desde la legalidad.
Según ha expuesto, la forma de actuar de los corruptos ha supuesto durante años una lacra para la sociedad andaluza, y un desprestigio para nuestro sistema democrático, lo que exigía la adopción de medidas eficaces de regeneración política. "Basta ya la corrupción en Andalucía", según ha expresado Marín, quien ha considerado que hoy es un día importante con el inicio de la tramitación de la futura ley y ha hecho un llamamiento a los grupos para que la apoyen y salga adelante lo antes posible.
Ha expresado que el daño económico, social, moral y a la imagen de Andalucía que ha hecho la corrupción a Andalucía es "incalculable", y se ha referido a los casos de los ERE, de la Faffe o Isofotón. Para Marín, Andalucía no debe protagonizar más hechos como estos, sino que esta tierra tiene que ser noticia por lo que es, una comunidad próspera y con talento y con instituciones "libres de cualquier sospecha".
POSICIÓN DE LOS GRUPOS
Por su parte, el portavoz del PSOE-A, José Fiscal, ha iniciado su intervención expresando qué "poca credibilidad" tiene Juan Marín a la hora de hablar de perseguir la corrupción, cuando Cs está gobernando en Andalucía con el PP, el "único partido en España condenado por corrupción", que no puede dar "ninguna lección" al PSOE-A en esta materia.
Ha denunciado que esta norma se ha elaborado "mirando hacia al pasado" y "huele más a una ley para perseguir al adversario político", aunque mirando sólo a una parte y "mintiendo de manera descarada" sobre el PSOE-A.
Ha indicado que al PSOE-A le gustaría que esta ley saliera adelante con el mayor consenso posible, pero "mal empezamos" cuando venden una oficina parlamentaria y, sin embargo, el Parlamento ha estado ajeno a esta cuestión hasta ahora. "El inicio no puede ser más caótico, ya que nadie sabe nada y el Parlamento no ha pintado nada", ha apuntado.
La parlamentaria del PP-A Rosalía Espinosa ha defendido que con la llegada de este proyecto de ley al Pleno "se está demostrando que los dos pactos, el de gobierno y el parlamentario" suscritos al inicio de la legislatura para lograr "un cambio político" en esta comunidad "han sido buenos para Andalucía", donde "no estamos pensando en elecciones, sino en vacunaciones y en hacerle frente a una crisis económica como no ha padecido Andalucía desde la Guerra Civil", según ha abundado antes de señalar que comparte con Juan Marín que esta ley es un "arma democrática contra la corrupción", y de sostener que, con ella, "Andalucía se aviene a la prevención y control del fraude".
Por parte de Ciudadanos (Cs), su portavoz adjunto, Francisco Carrillo, ha reivindicado esta ley como una iniciativa propia del partido naranja, que, según ha subrayado, ya la planteó en la pasada legislatura, y como los socialistas andaluces, entonces en el Gobierno de la Junta, no la impulsaron y "no quisieron regenerar", Cs "rompió su acuerdo" con el PSOE-A, según ha apuntado. Ha advertido además de que "el día que haya corrupción en Andalucía, de cualquier partido que sea, sólo habrá un partido que lo denunciará", que será Cs, "el partido de la regeneración frente a la degeneración", el que "con hechos transforma y moderniza Andalucía", según ha defendido.
El diputado de Vox Manuel Gavira ha señalado que el Gobierno andaluz ha planteado una norma que tiene unas serie de similitudes con leyes de otras regiones, pero que plantea una "deficiencia jurídica" que se tendrá que corregir en la tramitación en comisión, donde según ha señalado, su partido planteará enmiendas parciales. Ha señalado que Vox pensó en un primer momento en presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley, pero finalmente planteará enmiendas parciales. Ha indicado que la llegada de los fondos europeos Next Generation son una oportunidad para trasladar una imagen de seriedad, de utilidad y de que las cosas se puedan hacer bien en esta comunidad, tras décadas de corrupción.
Finalmente, el portavoz adjunto de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha considerado que este proyecto de ley, que "aborda cuestiones tan importantes como la corrupción y el fraude, llega tarde, no sólo porque llevamos décadas sufriendo las consecuencias" de esos fenómenos, sino porque "hace cuatro años y medio", en 2016, el entonces grupo de Podemos Andalucía llevó al Parlamento "prácticamente este mismo proyecto de ley", pero "en aquel momento sólo IU y Podemos votaron a favor" de esa iniciativa, por lo que no salió adelante, según ha remarcado.
CONTENIDO DE LA LEY
El Proyecto de Ley contra el Fraude y la Corrupción y Protección de la persona denunciante impedirá que ocupen cargos públicos personas encausadas o condenadas por corrupción o que tengan cuentas bancarias en 'paraísos fiscales'. Establece un régimen de protección y lucha contra el fraude y la corrupción en la actuación de la Administración General de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales e instituciones (Defensor del Pueblo Andaluz, Consejo Consultivo, Cámara de Cuentas, Consejo Económico y Social y Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía).
La modificación que trae consigo afecta a la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía de manera que no podrán desempeñar estos puestos personas encausadas judicialmente o condenadas por delitos relacionados con la corrupción u otros delitos dolosos castigados con penas graves o que conlleven inhabilitación.
La Ley contempla la creación de una Oficina contra el Fraude, un instrumento específico para prevenir, investigar, combatir el fraude y la corrupción, y proteger a las personas que se dirijan a ella para denunciar. Sus funciones serán realizar las actuaciones de investigación e inspección, colaborar en la formación en materia de prevención, tramitar las denuncias, tutelar los derechos de los denunciantes y el inicio, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores.
El director de la Oficina deberá ser nombrado en el plazo de tres meses desde que se aprueba la Ley. La dirección de la Oficina elaborará y aprobará una memoria anual de actuaciones desarrolladas durante al año anterior.
Garantizará la confidencialidad y protección de la persona denunciante, que conocerá el estado de tramitación de la investigación y recibirá información de los actos y resoluciones dictadas. La norma contempla el derecho a no sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias, con asistencia jurídica y psicológica.
La Oficina contra el Fraude tendrá competencia sancionadora. Se establece la clasificación de infracciones en leves, graves y muy graves con sanciones que van desde el apercibimiento a multas económicas entre los 300 y los 100.000 euros.
