La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, han entregado hoy en Lebrija a la Comunidad de Regantes del sector B-XII del Bajo Guadalquivir el título que les otorga a sus más de 15.000 hectáreas el derecho de riego para los próximos 20 años, una compleja tramitación que inició la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 2008.
Desde 1955, el sector B-XII es una zona regable, declarada de Interés General del Estado, que se extiende mayoritariamente dentro del municipio sevillano de Lebrija -132 ha se localizan en el término municipal de Las Cabezas de San Juan-, pero que no se llegó a otorgar ningún título de derecho, como exigía la Ley de Aguas, por lo que tampoco se pudo inscribir en el Registro de Aguas Públicas, trámites que hoy han quedado resueltos con la concesión de derecho y dicha inscripción.
La finalización de este proceso administrativo supone para las 1.142 parcelas de 884 comuneros el reconocimiento del derecho para utilizar 89.950.000 m³ de agua superficial procedente del embalse de Peñaflor, conducida a través del Canal del Bajo Guadalquivir hasta la balsa de Melendo, y del propio río Guadalquivir como toma de emergencia para el desarrollo sostenible de su actividad agrícola e industrial.
La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, que ha estado acompañada del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, y de los alcaldes de Lebrija, José Benito Barroso, y de Las Cabezas de San Juan, Francisco Toajas, ha puesto de manifiesto que “la sostenibilidad es un valor en sí mismo dentro de las políticas en las que lleva trabajando años la UE y donde el Gobierno de España tiene un ejemplo reciente con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española”. “Actos como el de hoy adquieren mayor relevancia al otorgarle seguridad jurídica y garantías a los regantes, al tiempo se continúa trabajando con respeto y sostenibilidad en una zona donde regadío y usos industriales se dan la mano”.
Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha subrayado que “hoy son dos los actores del trabajo de muchos años, cuyas firmas simbolizan la construcción de 20 años de seguridad jurídica para asentar una trayectoria ya visible”. Morán ha reconocido que “la ciudadanía está viviendo un año muy complicado, con más incertidumbres que certezas, por lo que debemos trasladar certezas como las de hoy para que superaremos esta situación y lo hagamos con optimismo”.
En cualquier caso, ha asegurado que “el trabajo para llegar hasta aquí no concluye, sino que es fruto de la inteligencia aplicada al desarrollo sostenible, es decir, de implicarse en construir cada día las expectativas de futuro de las generaciones que vendrán y que son tributarias de las que les precedieron en ese esfuerzo”, por ello ha reconocido la “vocación de cooperación del sector de la agroganadería, que en territorios como éste son pilares de la economía”.
El presidente de la CHG, Joaquín Páez, ha destacado “el esfuerzo que supone la resolución de un expediente largo, complejo y minucioso, que trae 20 años de seguridad jurídica, 20 años de agricultura, 20 años de jornales, de inversión, crecimiento y bienestar para los municipios de la comarca”. “Quiero expresar mi reconocimiento al trabajo realizado por la Comisaría de Aguas de la Confederación, que en estos dos últimos años ha logrado tramitar y regularizar los derechos de casi 90.000 hectáreas en toda la cuenca del Guadalquivir”, ha indicado Páez, que ha resaltado la gestión y compromiso del sector B-XII, “un ejemplo de lo que es la agricultura en esta cuenca: moderna, tecnificada, inversora, de alto valor añadido y, sobre todo, respetuosa con el recurso y con el medio ambiente”.
Ampliación de Los Yesos y actividad industrial
Junto al reconocimiento de los derechos de riego y el registro en el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, la resolución también contempla la ampliación en 590 ha más de la superficie conocida como Los Yesos, declarada de Interés General de la Comunidad Autónoma de Andalucía por Decreto 387/1986, de 10 de diciembre (BOJA Núm. 111 de 16/12/1986).
Esta ampliación acredita un volumen destinado a riego de 2.950.000 m³/año y permitirá una inversión de 6.143.770 de euros para la ejecución de obras para el suministro de agua a la nueva zona regable, trabajos que se ejecutarán en los próximos meses.
Asimismo, la modificación de usos recogida por la resolución ha permitido ajustar el aprovechamiento y regularizar la importante actividad industrial que se desarrolla en el sector B-XII, a la que se asignan 1.712.403 m3/año. Por un lado, la realizada por dos industrias agroalimentarias, a las que se asocian más de 250 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, y 23.775 jornales agrarios en el pasado 2020. Por otra, el funcionamiento de una planta termoeléctrica que, ejecutada con una inversión cercana a los 300 millones de euros, emplea en la actualidad a más de 50 personas.
