Andalucía, una de las regiones europeas más expuestas a los efectos ambientales derivados del cambio climático, aborda este 5 de junio ajena a la urgente necesidad de realizar un cambio radical de su modelo de desarrollo que permita una transición ordenada hacia un modelo productivo más resiliente y sostenible.

Y para ello, nada mejor que realizar un recorrido por algunas de las problemáticas ambientales que Andalucía arrastra desde hace décadas.

Uno de los principales problemas ambientales presente en todo el territorio andaluz es el relacionado con la presión urbanística, que como consecuencia del cambio generalizado del uso de suelo, ha producido un crecimiento desordenado de las ciudades por el cambio de uso de suelo rústico a urbano y amenaza las tierras fértiles de cultivo de las vegas de Granada, Sevilla, Málaga y Almería o a espacios naturales emblemáticos como “Los Cabezos” en Huelva.

Mientras en el litoral costero tienen su máxima expresión en nuevos proyectos urbanizadores como el que se planea en Valdevaqueros  o Chiclana (Cádiz), en los acantilados de Maro y Nerja de Málaga.

O con  la proliferación de proyectos de construcción hotelitos en el interior del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar que ponen en riesgo la conservación y sostenibilidad del mismo, como ya pasó con el tristemente famoso hotel del Algarrobico.

La sobreexplotación de los acuíferos superficiales y subterráneos, desgraciadamente también es una situación bastante generalizada y especialmente grave en el entorno de Doñana o en la campiña cordobesa y jienense.

Así como en gran parte de las zonas de cultivo tropical de la costa malagueña y granadina, y la agroindustria superintensiva de la provincia de Almería, donde se está produciendo un auténtico “ecocidio” en el río Aguas, el más sobreexplotado de Andalucía.

También se percibe como un gran problema ambiental la contaminación marina en torno a los grandes puertos de Algeciras, Málaga y Cádiz o la acumulación de productos tóxicos y peligrosos en el muelle de La Cabezuela también en Cádiz.

A lo que hay que unir los vertidos de la base militar de Rota o del puerto deportivo de la Línea en la provincia de Cádiz.

Y sumar el impacto para la salud y el medio ambiente que produce la emisión de aguas fecales  sin tratar en la costa norte de Doñana y  la costa granadina o la acumulación de plásticos y restos agrícolas en las ramblas y bastantes playas de Almería y Granada.

La existencia de vertederos como el de Nerva en Huelva, que acumula los restos de las industrias de esa misma provincia más los de Sevilla y Cádiz, junto a la balsa de fosfoyesos en Huelva o el vertedero de Los Barrios en Cádiz; son también motivo de preocupación ambiental de las poblaciones de su entorno.

Al igual que lo es la existencia y el proyecto de ampliación del cementerio nuclear del Cabril en Córdoba o la continuidad de tierras contaminadas por plutonio y americio en Palomares (Almería) durante más de cincuenta años, como consecuencia del accidente de un avión americano que lanzó a esa zona cuatro bombas atómicas.

Otro capítulo destacado en la preocupación ambiental es el referido a la proliferación de proyectos de macrogranjas porcinas en las zonas del interior de las provincias de Granda, Almería y Jaén; como las que afectan al Altiplano granadino y el Levante almeriense, y que se ubican en la “Andalucía vaciada” para sortear la oposición vecinal que generarían por la ingente cantidad de agua que necesitan, los malos olores que producen y la contaminación que provocan sus purines en los suelos y en la capa freática.

Recientemente, estas zonas menos densamente pobladas de Andalucía están viéndose sometidas a la presión de las grandes empresas eléctricas, entidades bancarias y fondos de inversión, que han descubierto las grandes posibilidades de estos territorios para ubicar megaplantas fotovoltaicas y eólicas (1.800 proyectos se han presentado a lo largo de los dos últimos años), que aprovechando la transición hacia energías verdes y las posibilidades de financiación con los Fondos Europeos de Reactivación Económica; se presentan como adalides del capitalismo verde y convierten a nuestra tierra, en zona de oportunidad para ellas y  en zona de “sacrificio” al territorio y a sus habitantes .

Las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Granda, Jaén y Almería serán las más afectadas por un modelo de producción eléctrica que lejos de descentralizarse y propiciar el autoconsumo y la producción a través de comunidades energéticas, perpetua la producción y distribución en manos del monopolio de las grandes empresas eléctricas, sin dejar apenas plusvalía en las zonas en las que se implanta; pero sí pérdida de suelos agroganaderos y de monte público, o infraestructuras de gran impacto como las líneas de alta tensión que evacuarán esta energía hacia las instalaciones transformadoras a media y baja tensión, y que ya están generando problemas y contestación ciudadana en zonas de la Alpujarra granadina y almeriense (línea Oörgiva- Gádor) o en el Altiplano de Granda (línea Caparacena_Baza).

Para terminar, un ligero repaso a algunas de las industrias más molestas y contaminantes de nuestro territorio, comenzando con el polo químico de Huelva, la refinería de San Roque y la empresa Acerinox en Cádiz o la cementera Cosmos de Córdoba.

A las que habría que unir las empresa extractivas de minerales y las canteras de mármol y materiales para la construcción en Huelva, Córdoba, Granada y Almería, que modifican sustancialmente el paisaje  y producen una importante contaminación atmosférica, de ruido y de polvo no solo en su proceso de extracción sino también su  transporte y tratamiento.

Aún estamos a tiempo de revertir esta situación, y para ello nada mejor que restituir las leyes de garantía ambiental modificadas por el Decreto 20/2020 y la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental en Andalucía (Ley GICA), que aunque mejorables, pueden ayudar a regular este desolador panorama.

Manuel Pérez Sola, Coportavoz de Verdes Equo Andalucía.