El Gobierno local ha negado esta semana que haya infringido la legalidad en relación con los contratos laborales sellados durante el presente mandato municipal y denunciados ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos por el concejal socialista, Joaquín Macías, a título particular.


Así lo expresaba en un comunicado institucional después de que el alcalde de la ciudad, José Luis Núñez, y el delegado de Urbanismo, Manuel Erdozain, comparecieran ante el juez que ha abierto la investigación a raíz de la citada querella, en la que se alude a los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias tras la supuesta contratación irregular de 25 familiares y afines en el Ayuntamiento.


Desde el Gobierno local se subraya que en su comparecencia el juez instructor puso de manifiesto el contenido de la querella formulada contra ellos por Joaquín Macías, concejal del PSOE, “a fin de que tuvieran conocimiento de su contenido y darles la oportunidad de prestar declaración si les interesase”.


En este sentido, tanto Núñez como Erdozain se han ofrecido a prestar declaración una vez recopilada la documentación solicitada por el juez,  “a quien han puesto de manifiesto su disponibilidad para prestar cuanta colaboración sea oportuna para esclarecer los hechos investigados”.


“Desde esta Corporación -insiste el comunicado- se reitera que en ningún caso se ha infringido la legalidad vigente  y en todo momento la actuación seguida ha tenido como finalidad atender las necesidades de nuestro pueblo con el máximo respeto a la ley y al estado de derecho. De la misma forma es intención de esta Corporación que los archivos municipales estén a disposición de la justicia y de cuantos órganos oficiales tenga a bien solicitar cualquier tipo de información referida a la actividad  municipal en aras a la transparencia y colaboración con la justicia”.
La querella, a la que ha tenido acceso Europa prest, fue presentada a título particular por el edil socialista Joaquín Macías en septiembre de este año y ratificada en diciembre, y se dirige contra el alcalde, José Luis Núñez, el portavoz municipal del PP, Sebastián Ruiz, el delegado de Urbanismo, Manuel Erdozain (de Ai-Pro); el de Hacienda y Personal, Carlos de la Barrera (PP), la de Asuntos Sociales, Juana María Morales (PP), el de Turismo, Manuel Romero (Ai-Pro), el de Cultura, Domingo Jesús González (PP), el de Medio Ambiente, Francisco Muñoz (Ai-Pro), y Petra Macías (Ai-Pro), responsable de la Delegación de Jédula.


En la misma se sostiene que desde el Gobierno local se habrían venido ordenando, “a veces directamente, y otras a través del responsable de Hacienda y Personal, el concierto de contratos temporales de personal laboral en el Ayuntamiento con familiares directos suyos y de otros delegados municipales, así como de miembros de las candidaturas de PP y Ai-Pro a las elecciones municipales de 2011, (...) y con olvido del procedimiento legalmente establecido y omitiendo el procedimiento de selección a través de convocatoria pública”. En este sentido, adjunta una relación de los contratos sobre los que se sustenta la denuncia.

El PA pide “ética” e IU que se amplíe la investigación
Las reacciones políticas a la imputación de los primeros cargos del equipo de Gobierno no se han hecho esperar. Desde el Partido Andalucista (PA), comparan al Ayuntamiento con “una empresa de colocación de militantes y familiares de los diferentes partidos políticos”. Su secretaria General, Silvia Corral,  espera que “la justicia llegue hasta el final en este caso” y critica  el presunto uso del dinero público para contrataciones de allegados al Gobierno “mientras existen vecinos pasando hambre”, asegura en nota pública. El PA reclama “ética política” partiendo de algún caso de dimisión que afectó recientemente a este partido, supuestamente “por una cuestión menor”. 


Desde Izquierda Unida (IU) van más allá y solicitan ya una comisión de investigación sobre las contrataciones  realizadas entre 2007 y 2014, periodos de gobierno del PSOE y de la coalición PP -Ai-Pro. Esta ampliación del periodo de investigación se basa, según IU,  en los indicios existentes sobre la falta de rigor en las contrataciones efectuadas durante la legislatura en la que el PSOE gobernó con mayoría absoluta. “La pretensión de IU no es la de juzgar a nadie, que para eso ya está la Justicia, sino aclarar política y administrativamente los hechos ocurridos, y en el que caso de que hayan existido irregularidades en las contrataciones, se asuman las responsabilidades políticas a las que haya lugar por parte de los concejales implicados, proponiéndose medidas para evitar irregularidades en las futuras contrataciones”, concluye IU .