El voto de calidad del alcalde fue determinante para que la nueva ordenanza de seguridad y convivencia saliera adelante en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento. Los votos en contra de los tres grupos de la oposición deja a las claras las diferencias políticas que existen en cuanto al contenido y las formas de este reglamento que viene a regular la convivencia de los ciudadanos.
A partir de ahora el Ayuntamiento tiene la potestad de sancionar administrativamente de manera directa sin tener por qué interponer una denuncia como hasta ahora. Acciones como depositar basuras en la calle, no recoger los excrementos animales, vulnerar las pautas en los espacios públicos molestando a los demás, la ocupación no autorizada, etc. tienen ya una sanción concreta reflejada en la ordenanza.
El régimen sancionador, para evitar que otras partes puedan acusar al Ayuntamiento de afán recaudatorio, obliga a que el importe recaudado se destine al espacio urbano como lugar de encuentro y convivencia, para restituir los daños provocados por actos vandálicos o para el desarrollo de programas en favor de esa convivencia. Las sanciones oscilan entre los 200 y 2.500 euros y, además, se pueden saldar mediante trabajo a la comunidad.
Desde Arcos en Común, su portavoz, Susana Pérez, explicó que la parte que regula el servicio a la comunidad no está clara porque no se ha desarrollado un reglamento a este respecto, como también le parece excesivas las sanciones que contempla la ordenanza. Por ello, creyó conveniente debatirla en el plazo de seis meses hasta tanto no se desarrolle el reglamento de servicios comunitarios.
El portavoz de Ai-Pro, Manuel Erdozain, pidió “constructivamente” que el debate se pospusiera, para considerar que, como se plantea, la ordenanza servirá más para el enfrentamiento que para la convivencia ciudadana, además de sostener que la ordenanza es “un copia y pega” del documento promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En semejantes términos, el portavoz del PP, José Luis Núñez, creyó que el documento debe “madurar” porque el Ayuntamiento se podría “extralimitar” en sus competencias a la hora de emitir sanciones, además de ponerse en una “tesitura” a la propia Policía Local y poner en entredicho los medios del cuerpo para afrontar la ordenanza.
El Gobierno defiende el nuevo marco normativo
Desde el equipo de Gobierno socialista, su portavoz, Ana Carrera, recordó que el documento ha sido ya expuesto al público y a los colectivos locales, por lo que se ha dado amplia información del mismo, como también recordó que en la elaboración de la ordenanza ha tomado parte activa la Policía Local. De hecho, el jefe del cuerpo ha participado en esos encuentros sociales para explicar la ordenanza. Además, Carrera admitió que, una vez aplicada la normativa, es susceptible de cambios y mejoras que refuercen la convivencia en la ciudad.
La portavoz, tras pedir a la oposición que reconsiderara su voto, dio paso al alcalde, Isidoro Gambín, que dijo que la ordenanza “no es un invento del equipo de Gobierno” y que, al no existir hasta ahora, ese vacío de normativa ha sido la culpable en parte de los problemas de convivencia que se han producido en la localidad. “Necesitamos dar una herramienta a nuestra Policía para que cumpla sus obligaciones. Cuántas veces han levantado actas que han quedado muertas por falta de una normativa...”, se cuestionaba Gambín.
Otros puntos
El alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, también ha realizado un balance positivo del último pleno porque se ha logrado mediante un convenio que la Junta dote a la localidad de contenedores específicos para el depósito de pilas usadas, con lo cual soluciona una importante carencia en este sentido. Además, el Pleno se dio luz verde al inicio de la evaluación ambiental como paso esencial para el futuro PGOU, así como a una modificación presupuestaria que permitirá la sustitución del suelo del pabellón polideportivo mediante un acuerdo con la Junta que sufragará la mitad de la inversión (54.000 euros). También con esa cantidad se podrá reponer material deportivo deteriorado o que hacía falta.
arcos | El pleno ordinario celebrado el pasado lunes aprobó la compra de un turismo y una motocicleta para el uso del servicio municipal de notificadores, ya que era preciso dotar a estos trabajadores de las herramientas necesarias, explicaba el alcalde. Igualmente, se aprobó una medida para generar crédito gracias a la rebaja de los intereses de una deuda con el BBVA. Mientras tanto, a través de otra operación con el banco Popular se podrá hacer frente al pago de sentencias judiciales contra el Ayuntamiento por valor de cinco millones de euros.
Además, en el Pleno municipal se aprobó a instancias de la Delegación de Hacienda el gasto plurianual para el alumbrado público ornamental para las fiestas, en particular para mejorar este servicio en barriadas rurales, Jédula y también en El Santiscal. Este servicio, no obstante, tendrá que licitarse y adjudicarse a una empresa.
Este viernes, nuevo pleno
Como última hora, para este viernes 4 de mayo se ha convocado un nuevo pleno con carácter extraordinario para debatir el punto que decayó en la última sesión: el inicio del proceso para la promoción interna de los funcionarios del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Con ello se cerraría el orden del día del pleno del lunes anterior.
