Publicidad Ai
Publicidad Ai

Barbate

Una sentencia judicial obliga al Ayuntamiento a que Aqualia vuelva a gestionar el servicio de agua

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Cádiz anula la decisión tomada por el anterior alcalde

Publicidad AiPublicidad Ai Publicidad Ai
Publicidad Ai Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai

Han sido convocadas para este viernes las Comisiones Informativas, previas a la celebración del Pleno Extraordinario que se celebrará el próximo martes para ratificar la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Cádiz, en el que obliga al Ayuntamiento a adjudicar a la empresa Aqualia la gestión del servicio de agua.

El 29 de junio 1993 se adjudicó la concesión de la gestión y explotación del Servicio Público del Agua por un periodo de 10 años En 2003 se suscribió entre el anterior alcalde,Antonio Jesús Verdú (PSOE),y responsables de Aqualia un convenio de colaboración por el que se prorrogaba el servicio por un periodo de 5 años.

El 31 de marzo de 2008, por decisión del anterior gobierno socialista se denunció el contrato, no respetando el acuerdo firmado y asumiendo el Ayuntamiento el servicio, teniendo que pagar a la empresa más de 400.000 euros en concepto de liquidación.
Ante tal decisión la empresa Aqualia planteó un recurso siendo estimado por el juzgado para luego dictar sentencia firme obligando al Ayuntamiento a reconocer la vigencia de dicho contrato desde julio de 2008 hasta julio del 2013.

Esta sentencia tiene fecha de 16 de septiembre de 2010, no siendo ejecutada por el anterior gobierno por lo que la empresa toma una serie de acciones, que han tenido como resultado un escrito, con fecha 17 de septiembre de 2012, en el que se solicita la ejecución de sentencia.

Desde el actual gobierno municipal (PP) se quiere  señalar que esta  "irresponsabilidad cometida por el anterior gobierno socialista ha podido tener graves consecuencias para el  Ayuntamiento de la localidad, al ser una Administración Pública la que se ha negado, hasta el momento, a ejecutar una sentencia, y en segundo lugar grandes perjuicios económicos que de no ser por las gestiones realizadas se hubiera tenido que abonar una indemnización económica por el tiempo transcurrido desde que Aqualia no asumiera el servicio".

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN