La Junta de Andalucía ahorrará más de 35,1 millones de euros tras la recuperación de ocho inmuebles en la provincia vendidos en 2014 por el entonces Gobierno autonómico del PSOE a la empresa WP Carey, propiedad del fondo WP Carey, para conseguir liquidez.
Dicha venta incluía un total de 70 edificios en toda la comunidad autónoma y fue suscrita por la actual ministra de Economía y Hacienda en funciones y entonces consejera del ramo, y el arrendamiento de los mismos por parte de la Administración autonómica hasta 2034, con un incremento anual del 1,5% en la factura.
En Cádiz, el acuerdo incluía seis edificios en la capital gaditana. Concretamente se trata de los ocupados por la Delegación del Gobierno, en Plaza de España 19, con un alquiler anual de 837.000 euros; la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de Universidad, Investigación e Innovación, y del Instituto Andaluz de la Mujer, en la calle Isabel La Católica 8 y 13, respectivamente; la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, en Cánovas del Castillo 35; de la Agencia Agapa y Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en Plaza de la constitución 3, con un precio de arrendamiento de 500.000 euros al año; y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP, en Plaza Mina 18.
Los otros dos inmuebles se encuentran Jerez, en Alameda Cristina, donde se halla la Agencia Tributaria, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con un precio anual de 400.000 euros; y Algeciras, sede de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, con un coste de más de 260.000 euros.
La delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, ha recordado que “el dinero de la venta de los edificios se ingresó, se gastó y lo que quedó fue una hipoteca de por vida para la Junta de Andalucía que ahora arregla el Gobierno de Juanma Moreno”.
Por su parte, la delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Inmaculada Olivero, ha remarcado que “no era de recibo que los propios inmuebles -en los que trabajan en torno a 650 empleados públicos- que eran propiedad de la Junta de Andalucía se vendieran para pagar luego un alquiler a precio de oro”.
Además, ha adelantado que la Dirección General de Patrimonio trabaja para poner en valor otros edificios de titularidad autonómica para evitar que se queden vacíos, cerrado u ocupados, con el fin de que sirvan para la atención a los andaluces, en el marco de un plan de sede.
