El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este martes la aprobación inicial de modificación de la Ordenanza nº 41, reguladora de las tarifas por servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas de la ciudad de Cádiz, de modo que, durante treinta días, será sometida a examen público para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Una vez salvado este trámite, el recibo se encarecerá de manera progresiva, primero en octubre y, después, a partir de enero de 2025, en torno a unos 40 euros al año, dependiendo de los consumos.
La capital gaditana es uno de la veintena de municipios afectada por la decisión del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana de incrementar el canon del agua en alta un 110% tras ocho años sin actualizar la tarifa al IPC, por el sobrecoste de los servicios y suministros, así como por la situación de sequía que sacude a la provincia.
Localidades como Jerez, donde la factura aumenta unos 3,5 euros mensuales, o Chiclana, han iniciado, igualmente, los procedimientos administrativos para cumplir con la exigencia del ente consorcial.
“Es necesario, pero hay que hacerlo con sensatez”, plantea Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (Aeopas).
Babiano apunta que, efectivamente, el presente ejercicio cerrará con unos niveles de agua embalsada anormales y, además, en el caso concreto del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, es necesario destinar recursos a infraestructuras tras una década “de desinversión”.
Por ello, insiste en que el dinero recaudado por la gestión del ciclo integral del agua “debe ser para el agua”.
En este sentido, recuerda que Cádiz, junto con Medina, fue municipio pionero en garantizar el suministro vital básico para que, ante situaciones de crisis, “las familias vulnerables accedan al agua independientemente de las subidas” de precios. “La repercusión en el recibo debe ser adecuada a los tramos” de tarificación, los que consumen menos no pueden cargar con aumento”, agrega.
Y demanda un plan de inversiones para asegurar el suministro, especialmente en una provincia dependiente del turismo que no se puede permitir el lujo de tener cortes puntuales.
“El agua más cara es la que no se tiene”, recuerda. “Hay que poner las luces largas”, añade, subrayando la importancia de, en el ámbito municipal, llevar a cabo planes estratégicos y la creación de observatorios que faciliten la participación en la toma de decisiones. Señala una vez más Cádiz, localidad que cuenta con un documento al respecto y un órgano específico con representación municipal y entidades y colectivos interesados.
Pero también apunta que “no es una cuestión de competencias” administrativas. Al respecto, destaca la importancia del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana y pone sobre la mesa la necesidad de que lidere un gran consenso, “no solo con la Junta de Andalucía”, administración que actualmente se ha desvinculado del ente, sino también con el Gobierno de España y la Diputación de Cádiz, institución que en otras provincias.
