Profesionales y expertos coinciden en la necesidad de liberalizar los requerimientos administrativos para la instalación de desfibriladores en zonas públicas, ya que el acceso rápido a éstos puede aumentar las probabilidades de supervivencia en tres de cada cuatro casos de parada cardíaca repentina.

Esta es una de las conclusiones del documento de consenso "La implantación de desfibriladores en zonas públicas: protocolos de uso y recomendaciones", que pone de relieve que la exigencia de registros administrativos y la obligatoriedad de disponer de personal formado a través de excesivos procesos formativos son una barrera para la instalación de estos aparatos.

El estudio, realizado por la Fundación Gaspar Casal, con el asesoramiento del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP) y el apoyo de Philips, se ha elaborado en dos fases.

La primera etapa, se ha llevado a cabo mediante una encuesta abierta a responsables de las comunidades autónomas, complementada con un análisis comparativo de la normativa actual; y la segunda, a través de un grupo de discusión de expertos.

La principal premisa en la que se basa el documento de consenso es que "los beneficios del uso de la desfibrilación son indiscutibles", según ha señalado hoy el doctor Juan López Mesa, presidente del CERCP), durante la presentación del estudio.

En España se producen cada año más de 24.000 paradas cardíacas, con una supervivencia que se sitúa en el 5 por ciento.

El tiempo es el mayor enemigo cuando se produce un paro cardíaco repentino, de tal modo que cada minuto de retraso en realizar una reanimación básica reduce en un 10% las posibilidades de supervivencia.

Sólo una de cada 20 personas sobrevive a un paro cardiaco cuando ocurre fuera del hospital, lo que supone la mayoría de los casos (más del 70%).

Una encuesta realizada por Sigma Dos para el CERCP el pasado mes de septiembre pone de relieve que más de la mitad de los españoles (55%) no sabe lo que es un paro cardíaco, aunque un 60% asegura conocer lo que es un desfibrilador.

Según el doctor López Mesa, esto se debe al impacto mediático de casos como el del futbolista del Salamanca Miguel García, que pudo salvar la vida gracias al uso de este aparato.

"Pero no deben ser los deportistas los únicos que deben estar protegidos frente al paro cardíaco, debemos estar protegidos todos", ha señalado el presidente del Consejo de Resucitación, quien ha subrayado que "la desfibrilación es la llave de la supervivencia".

Actualmente en España se calcula que hay entre 3.000 y 5.000 desfibriladores instalados fuera de centros hospitalarios, principalmente en estaciones de autobuses y trenes, aeropuertos, instalaciones deportivas y empresas.

Pero para los expertos, no son suficientes.

Además, es necesario realizar un estudio epidemiológico que permita disponer de un "mapa de riesgos" a nivel nacional y por comunidades autónomas.

Esto permitiría conocer los lugares en los que ocurren con mayor frecuencia los paros cardíacos y facilitaría la decisión sobre su ubicación, ha explicado el doctor Juan del Llano, director de la Fundación Gaspar Casal.

Este médico, especialista en Salud Pública, ha pedido homogeneizar la normativa de las 17 CCAA, ya que la desfibrilación es una tecnología "que no conoce de fronteras".

El documento aboga por la necesidad de que exista, a nivel normativo, una autorización explícita para el uso de desfibriladores por parte de personal no sanitario, que permita eliminar los reparos existentes a su implantación o el miedo a su utilización.

Para el doctor López Mesa, hay que cambiar el concepto del desfibrilador y pasar a ser considerado como un instrumento para la seguridad de los ciudadanos más que como un sistema médico complejo.

"No es más difícil que usar un extintor", por lo que "decir que solo lo puede usar un médico es como decir que un extintor solo lo puede utilizar un bombero", ha señalado este médico.

El presidente del CERCP ha destacado también la importancia de que "la gente sepa que no va a ser penalizada por usar un desfibrilador", ya que en España no está "explícitamente despenalizado" como sí ocurre en otros países como Japón o Estados Unidos.

El documento pide que se habilite a la población mayor de edad para su uso sin necesidad de una formación específica e introducir la formación en la escuela.