Una ley facilitará la acogida de menores para evitar su ingreso

El Gobierno quiere evitar que los menores de seis años en situación de desamparo ingresen en centros de protección para lo que facilitará y agilizará los trámites para que sean acogidos por familias.

Es más, los menores de tres años no ingresarán en los centros de protección, “salvo que exista imposibilidad muy justificada”, detalla el anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia presentado hoy por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

El texto, que ha recibido el visto bueno del Ejecutivo, permite también la adopción de mayores de 18 años en situación de acogida familiar o convivencia estable y regula los centros para menores con trastornos de conducta.
Además, acorta y simplifica los procedimientos judiciales, y amplía la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia, ha informado el Gobierno.

Respecto del acogimiento familiar, el anteproyecto suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo, con el objetivo de simplificar y acortar los procedimientos.

Así, el período previo establecido para la presentación de la propuesta de adopción ante el juez pasa de un año a tres meses, ha precisado la referencia del Consejo de Ministros.

La reforma también permite que las entidades públicas atribuyan funciones de tutela a acogedores permanentes para dotar de más autonomía a la familia acogedora, que también tendrá un régimen de derechos y deberes.

En cuanto a los mayores de 18 años, podrán ser adoptados siempre y cuando estén en situación de acogida familiar o convivencia estable (normalmente con un familiar), para ello se elimina la condición de que el menor hubiera sido acogido antes de cumplir los 14 años.

El anteproyecto también presta especial atención a la prevención de abandono de los menores mejorando la regulación de las actuaciones, desarrollando nuevos mecanismos para actuar ante situaciones de riesgo y mediante programas que permitan mantener a los niños y niñas en su entorno familiar.

Además establece que los menores con discapacidad también tendrán derecho a ser oídos, y regula la exigencia de estándares de calidad para cada tipo de servicio de protección a la infancia.