El juicio por el denominado 'caso Rilco' afronta esta semana su recta final en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde está previsto que las partes comiencen a presentar desde el lunes sus informes finales.
En principio, las sesiones están programadas para que el jueves quede visto para sentencia, si bien el proceso podría concluir antes, entre otras cuestiones porque se ha retirado la acusación contra José David Sánchez de Medina, uno de los exdirectores generales de Rilco que había estado sentado en el banquillo desde que el juicio comenzara el pasado 24 de mayo.
Así las cosas, los acusados por supuestas irregularidades relacionadas con la puesta en marcha de Rilco --un portal de comercio exterior con Iberoamérica-- son los exdelegados del Estado en la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, ambos nombrados en su día por el Gobierno del PP; Rafael Ortiz, exdirector general de Rilco, y el matrimonio compuesto por Germán y Camila Leiva, titulares de la empresa Miami Free Zone, adjudicataria en un primer momento para el desarrollo de Rilco.
Cabe recordar que, en las sesiones previas, Rodríguez de Castro y Miguel Osuna han defendido su gestión y han apuntado las responsabilidades que habrían tenido en el caso, como asesores que eran, los abogados del Estado Manuel Ponce y José Aurelio Ruiz Piña --este último está presente en el proceso como acusación--. El exdirector general de Rilco Rafael Ortiz, por su parte, ha defendido que su cargo era "nominal", que quien mandaba era Osuna y que él se limitó a tratar de vender, sin éxito, participaciones de Rilco a entidades privadas.
Antes de que la acusación --ejercida por el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado en representación de la Zona Franca y el PSOE-- decidiera retirar la acusación contra el exdirector general y exconsejero delegado de Rilco José David Sánchez de la Medina, éste ha asegurado en el juicio que "vio funcionar" Rilco y que cuando llegó el socialista José de Mier a la Zona Franca hubo indicaciones para descalificar el proyecto haciendo pensar que "era un 'bluf'".
Por su lado, el matrimonio compuesto por Germán y Camila Leiva, propietarios de Miami Free Zone, han afirmado que el proyecto se hizo, se entregó y se comprobó que funcionaba, lamentando que haya sido "guardado en un cajón" por posible arbitrio político. El matrimonio ha dejado claro que no tenía económicamente ninguna necesidad y que el único interés que tenían era participar en un "lindo" proyecto.
CONCLUSIONES DE LA FISCALÍA
El escrito de conclusiones definitivas formulado por el Ministerio Fiscal, que ya avanzaban los medios de comunicación esta semana y que será presentado ante la Sala, incluía como novedad más destacada la retirada de la acusación contra Sánchez de Medina, para el que inicialmente pedía seis años de prisión por supuestos delitos de encubrimiento y falsedad documental.
No ocurre lo mismo con Ortiz, para quien solicita más de ocho millones de euros de multa y once de prisión en lugar de los seis iniciales, al considerarle penalmente responsable de un delito continuado de fraude por incumplimiento de las condiciones establecidas para las ayudas concedidas por la Administración, un delito continuado de malversación de caudales públicos y de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.
El fiscal también modifica la petición de pena para Osuna, al desaparecer el delito de encubrimiento y retirársele al inicio del juicio el cargo por falsedad en documento oficial. De esta manera, el Ministerio Fiscal pide ocho años de cárcel y ocho millones de multa por un supuesto delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de fraude por incumplimiento de las condiciones establecidas al alterar sustancialmente los fines para los que se concedieron ayudas públicas.
Por otra parte, mantiene su petición para los acusados Manuel Rodríguez de Castro y Germán y Camila Leiva. Para el primero pide diez años de prisión y ocho millones de multa por considerarlo responsable de un delito continuado de fraude por obtención de ayuda de las administraciones públicas ocultando las condiciones que lo hubiesen impedido, otro delito de fraude, uno de prevaricación administrativa cometido por autoridad pública y un delito continuado de malversación de caudales públicos.
En cuanto a los segundos, el fiscal entiende que son responsables de un delito de fraude, otro de prevaricación administrativa y un delito continuado de malversación de caudales públicos, por lo que pide una pena de cuatro años de prisión para cada uno de ellos.
