La parlamentaria andaluza de IU por Cádiz, Inmaculada Nieto, ha calificado hoy de “sorprendente” el relato de lo sucedido con Pascual y el Servicio Andaluz de Salud, de manera que ambas partes han suscrito un acuerdo que afecta a los cuatro centros de Clínicas Pascual de la provincia –Cádiz, El Puerto, Sanlúcar y Villamartín- para la derivación de pruebas diagnósticas del servicio público y “después de que Pascual no se presentara al concurso abierto en su momento por el SAS”, lo que motivó, según ha recordado la parlamentaria, que el SAS llegara a la firma de convenios con otras clínicas privadas en el Campo de Gibraltar, Jerez y otros puntos de la provincia.
En una rueda de prensa ofrecida en Cádiz, Nieto ha calificado lo ocurrido de “disparate” y de “indecente”, puesto que pese a que el grupo no llegó a presentarse al concurso público, la Consejería de Salud ha terminado firmando un acuerdo en el que “a Pascual se le respeta y se le amplían las pruebas e intervenciones que inicialmente fueron objeto del concurso, y encima lo cierra a precio de 2011, es decir, a un precio mayor”. Esto supone, según explicó, que “el lote de pruebas derivadas a la sanidad privada es mayor al que había cuando se inició el concurso”.
“Las condiciones de esta negociación las ha puesto Pascual: el lote, el precio y el tiempo; la Consejería se ha limitado a firmar”, ha denunciado la parlamentaria andaluza, que además lanzó una pregunta que se hace IU y que le dirige a la ciudadanía, “de dónde va a sacar el SAS el dinero para el doble de pruebas a un precio de 2011, más caro, si no es de la sanidad pública” y añadió, “sólo el Sr. Pascual sabrá cómo ha podido sacar esas condiciones tan ventajosas en su negociación con el SAS”. Y se respondió ella misma, “dónde hay dinero para pagar esto: en la sanidad pública de la provincia, en el Chare de Vejer, en el servicio de radioterapia de Jerez, en el hospital de La Línea, en el hospital de San Carlos, es decir, en la red pública de la provincia que está pendiente de ser culminada”.
Para Nieto, es “escandaloso que un empresario diseñe y haga la política sanitaria en la provincia de Cádiz, y todo esto sin delegado de Salud aún”. La parlamentaria aseguró que esta tema “va a tener su recorrido” y señaló que “de los perjuicios y la situación de deterioro cierto que pueda ocasionar a la red pública, a los trabajadores y a la finalización de los equipamientos necesarios para la red pública, alguien tendrá que rendir cuentas y desde Izquierda Unida lo vamos a exigir, puesto que no se pueden tener camas cerradas y plantas cerradas, un batallón de personal de enfermería y médico con contratos hiperprecarios y cerrar ese acuerdo con una clínica privada”. “Y luego, que hable la Señora Díaz y el consejero de Salud del blindaje de la sanidad pública, a los que habrá que mostrarle el contenido del convenio”, culminó.
