La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Cádiz, organización que goza de la mayor representación en el seno de la Guardia Civil, tanto a nivel estatal y autonómico como provincial, ha conseguido un nuevo éxito en los tribunales, en este caso, el reconocimiento a un afiliado de poder acceder a las dependencias de la cafetería de la Residencia de Suboficiales existentes en la Base Naval de Rota, por su condición de Guardia Civil con consideración de Suboficial.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres, con sede en Cádiz, rechaza los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado, que entiende que la normativa por la que se rigen las residencias militares debe quedar excluido del ámbito de aplicación por poder crear un agravio comparativo con respecto al personal de tropa de las Fuerzas Armadas.
En el caso que nos ocupa, "el tribunal reconoce que el recurrente, Cabo 1º de la Guardia Civil, y con consideración de Suboficial, el cual fue expulsado de las citadas dependencias, tiene reconocido el derecho a acceder a las dependencias de la cafetería existente en la Residencia de Suboficiales de la Base Naval de Rota, anulando de facto la resolución del Almirante Jefe de la mencionada Base de fecha de 23 de febrero de 2015".
Nuevamente, "deben ser los tribunales los que reconozcan a los Guardias Civiles unos derechos que están consolidados en la normativa correspondiente, pero que siempre queda supeditado a la caprichosa interpretación de un mando, en este caso de la Armada española".
Por todo ello, desde AUGC "nos felicitamos nuevamente, por haber conseguido dar un paso más dentro de los derechos que los guardias civiles han de tener reconocidos, aunque para ello tengamos que acudir a los tribunales, tribunales que pagamos todos y repercute por tanto en todos los españoles. Y que solo la arbitrariedad y la disciplina mal entendida, explican porque se abusa de decisiones contrarias a derecho, sin responsabilidad alguna por parte de quien dictamina este tipo de resoluciones".
AUGC, con más de 30.000 afiliados, de los cuales más de 1.200 se encuentran destinados en la provincia de Cádiz, es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
