La situación es tan meridiana que cuesta llegar a entenderlo y a justificarlo por más que ninguna de las partes consiga decir y sobre todo demostrar lo contrario. Hoy por hoy, el Hospital Santa María del Puerto, el popular Frontela, el único que tiene la ciudad -aunque sea concertado- tiene más complicado con el paso del tiempo asegurar su funcionamiento. El posible cierre del centro hospitalario es real.
Demasiado como para que las negociaciones de unos y otros se lleven por delante un hospital que lleva abierto 41 años. El dinero y los intereses entran de lleno en el futuro del hospital portuense.
El que ha movido ficha ha sido el vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, quien ha asegurado a la empresa sanitaria Pascual, propietaria de varios hospitales en Cádiz, Málaga y Huelva, que “es hora de llegar a un acuerdo” sobre la renovación de los conciertos sanitarios y le ha pedido que acepte la oferta del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Pascual calla y espera. Nada nuevo en el empresario, sabedor de la presión que puede llegar a ejercer con tal medida negociadora. Jiménez Barrios ha recordado lo evidente, que “toda renovación de conciertos sanitarios con Pascual ha terminado en conflicto” y ha dicho a la dirección de la empresa “que debe responder a la oferta de la Junta de Andalucía” para poder encontrar una salida.
El tiempo pasa y poco o nada trasluce en cuanto a novedades se refiere. Desde el pasado 1 de noviembre del 2015 los hospitales de San Rafael en la capital gaditana, Sanlúcar, Villamartín y El Puerto de Santa María, todos en la provincia de Cádiz; el Blanca Paloma, de Huelva; y el Doctor Pascual, de Málaga, siguen funcionando sin que esté en vigor un concierto sanitario, aunque continúan recibiendo pacientes de la sanidad pública.
Dato revelador cuanto menos en esta dilación del año que ha trascurrido desde entonces. Nada firmado y nada que diga lo contrario. Hay que reseñar que la empresa y el SAS mantienen un litigio sobre las facturas que se deben pagar por este período entre noviembre del 2015 hasta hoy y sobre los servicios que se deben seguir prestando en Sanlúcar, Villamartín y El Puerto, ciudades donde la Consejería de Salud necesita de estos centros sanitarios porque no existen otros hospitales ni públicos ni privados para atender la demanda de pacientes.
Un problema y a la vez una baza crucial y directa la que desde la dirección de la empresa sanitaria juega a su favor. Sin él, el servicio no está garantizado en poblaciones que no solo acogen a sus residentes, sino también a las ciudades y pueblos colindantes, como es el caso de El Puerto.
Pagar lo justo, nada más
“El dinero que se le va a pagar a Pascual es el dinero que han determinado los servicios jurídicos y económicos del SAS”, ha dicho Jiménez Barrios, quien ha defendido la oferta de la Junta como “buena y razonable”.
Es por tanto que “es la hora de que lleguemos a un acuerdo, y, desde mi posición, trato de contribuir para que exista ese acuerdo”, ha concluido el vicepresidente de la Junta. Eso a nivel andaluz. Si al problema no le faltaran protagonistas, el trío lo completa ahora su intervención municipal.
De entre las mociones que presentará al próximo Pleno del miércoles 16 de noviembre, el Partido Popular de El Puerto llevará a la sesión plenaria “una propuesta a la que pedimos se adhiera el resto de grupos políticos para defender la sanidad de los portuenses, haciendo un frente común contra la Junta de Andalucía que pretende cerrar el Hospital de nuestra ciudad”, dicen.
“No podemos permitir que el Gobierno socialista andaluz cierre Frontela y nos haga a los portuenses tener que desplazarnos hasta Puerto Real para recibir asistencia sanitaria. Es una jaque a la sanidad de los portuenses y a los puestos de trabajo de la plantilla del hospital que no vamos a tolerar”, afirma el portavoz popular, Germán Beardo.
Recortes y muchos engaños de la Junta
En paralelo a la situación de inestabilidad con la que vive el único Hospital portuense, esta semana la Junta de Andalucía reconocía haber otorgado una partida de cara al venidero año 2017 para la ciudad, 920.000 euros del presupuesto que el Gobierno de Susana Díaz aportará a las nuevas instalaciones médicas para el futuro Ambulatorio de la Zona Norte.
15 años después de que la propia Junta y el Ayuntamiento de El Puerto firmaran un acuerdo para la construcción de un nuevo centro sanitario y todo ello después de los recortes, de cambios y servicios mínimos con los que ha acompañado a la población en los últimos años y que la ha colocado a la cola en infraestructura sanitarias.
