Carla ha logrado esquivar el coronavirus pese a que trabaja como policía local y ha estado al frente del cañón durante lo más crudo de la crisis sanitaria. Lo hizo hasta que su cuerpo y su mente no pudieron más, al inicio de la desescalada. La pandemia la ha enviado al psicólogo, primero, y a casa, con baja por motivos de salud, después. Durante el estado de alarma desempeño sus responsabilidades con miedo pero, lo que realmente la llevó tomar ansiolíticos fue la presión insoportable por la imposibilidad de conciliar su vida laboral y familiar. Con 43 años, cordobesa, madre soltera por elección, con una pequeña de cinco y trabajadora esencial, se vio obligada a trasladarse al domicilio en el que se crió para que su progenitora ejerciera de cuidadora. “Me plantearon que pidiera una excedencia porque no puedo beneficiarme de reducciones de jornadas o turnos como la mayoría de los compañeros por mi categoría . Pero eso no era una solución posible. Si pido una excedencia, ¿de qué comemos?”, se pregunta.
Exactamente la misma cuestión que se plantea cada día Claudia, granadina de 38 años y madre de una niña de diez, pero por falta de ocupación. También ha necesitado ayuda profesional porque su hija es hiperalérgica y ella es asmática. “Hemos estado completamente aislados desde el 12 de marzo al 1 de junio”, asegura, por el temor a infectarse. Divorciada, no cuenta con ingresos regulares por parte de su ex pareja y sobrevive gracias a la renta mínima. “Sin empleo, es imposible pensar más que en ahorrar un poco si sale algo ocasional”, lamenta.
Carla y Claudia ponen rostro a los dos problemas más graves y comunes, trabajo y conciliación, que sufren las familias monoparentales, que representan el 10% de los hogares en España, y en el 82% de los casos están encabezadas por mujeres. Según se desprende del último análisis de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), prácticamente la totalidad de las mujeres que encabezan estas familias, el 87%, afirma que su trabajo se ha visto afectado en los últimos seis meses. Miriam Tormo, responsable de la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE) en Andalucía, asegura que la mitad de las familias monoparentales están en desempleo o en precariedad laboral y dos tercios afirman no llegar a final de mes ni afrontar gastos imprevistos.
Tormo explica que las dificultades para conciliar y acceder al mercado laboral se han agravado durante el confinamiento. El colectivo ha planteado medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos de la crisis, especialmente para garantizar el mantenimiento del empleo, porque “no podemos repartir la carga con otra persona adulta y nuestra situación económica nos limita el pago de los cuidados”. En concreto, han reclamado a las administraciones públicas la aprobación de un permiso retribuido 100% para poder reducir la jornada sin pérdida de salario; garantizar espacios y servicios públicos de cuidado con garantías sanitarias en los que tengan prioridad en el acceso y precios bonificados; generar medidas de corresponsabilidad con lo público; establecer medidas de apoyo domiciliario en los cuidados, tanto en servicios de ayuda a domicilio como ayudas económicas; plantear la opción del teletrabajo el mayor tiempo posible; y, por último, generalizar las medidas de flexibilidad horaria de la jornada laboral para las familias monoparentales.
Pero los gobiernos, tanto el central como los autonómicos, han hecho oídos sordos. Ni tan siquiera han mostrado sensibilidad en la vuelta al colegio, pese a que el colectivo llegó con mucho más cansancio (el 86% de las mujeres se sienten apáticas, tristes o desmotivadas, según una encuesta de Malasmadres y DKV) y escasos recursos: vacaciones y permisos agotados, reducción de ingresos por reducciones de jornada o excedencias, ahorros consumidos, prolongación de ERTE, autónomas que no han podido recuperarse o que se han quedado en el camino y un largo etcétera que llevó a iniciar una campaña bajo la etiqueta #ConciliarDifícilEquilibrio.
Incluso se han dado paso atrás, advierte, como el acuerdo suscrito por la Junta con los sindicatos para empleados públicos en el que la modalidad de trabajo preferente pasa de ser el teletrabajo a presencial, “después de meses funcionando a distancia y habiendo superado la etapa del cambio quienes tienen funciones que perfectamente pueden realizarse desde casa”. Y medidas como la tarjeta monedero, puesta en marcha por el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en Andalucía, se dirigen a todas las familias con necesidad, entre las que se incluyen las monoparentales que cumplan con los requisitos.
Solo un 37% de las comunidades ha tomado tomado alguna medida para favorecer la conciliación. Y, a nivel municipal, Madres Soltera por Elección solo identifica a dos ayuntamientos en Andalucía: Bormujos, donde se desarrolló una escuela de verano con garantías sanitarias y grupos reducidos con prioridad para familias monoparentales; y en Casares, donde se ha ofrecido servicios de ayuda a domicilio para menores.
“No somos prioridad”, denuncia. Tampoco lo eran antes. Han demandado un trato equitativo ante una permanente discriminación. Tormo enumera un buen montón de ejemplos. En primer lugar, se refiere a la ley de familias numerosas, que considera numerosas a viudos y viudas con dos hijos, pero no a madres o padres solteros con este mismo número de hijos. En materia tributaria, explica que en declaraciones conjuntas de unidades familiares integradas por ambos cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera, los hijos menores que convivan, así como los mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, la base imponible se reducirá en 3.400 euros anuales; en el caso de las declaraciones conjuntas de unidades familiares monoparentales, la base imponible se reducirá en 2.150 euros anuales. “Hemos comprobado que tenemos también más dificultades para acceder a ayudas, como becas o bonificaciones para servicios como aula matinal o comedor, porque los baremos económicos tienen en cuenta el número de miembros de la unidad familiar, cuando todo hogar tiene unos gastos mínimos que no dependen del número de adultos que la conformen y además nuestro gasto en conciliación es irrenunciable y mayor para poder mantener los ingresos”, explica. Finalmente, subraya que una familia biparental disfrutará en los próximos años de hasta 32 semanas para el cuidado de un recién nacido mientras que una familia monoparental solo dispone de la mitad.
La falta de alternativas lleva a que muchas de estas mujeres se vean atrapadas en un círculo vicioso imposible de romper. Celia, granadina, de 51 años, madre de tres hijas, y víctima de malos tratos, ha subsistido en los últimos meses gracias a la solidaridad de la asociación Madres Solas. Costurera, ha trabajado duro de forma altruista confeccionando mascarillas, batas y monos para las unidades de cuidados intensivos. Probó fortuna en la hostelería, pero las restricciones y los horarios la han devuelto a la cola del paro. “Solo quiero trabajar”, afirma.
Reconocimiento legal
La representante de Madres Solteras por Elección en Andalucía apunta que, en estos momentos, son las comunidades autónomas las que van legislando, pero no todas. Por ello, considera prioritario “dotarnos de un marco regulador estatal que iguale el trato en todo el territorio, que defina de manera inclusiva a nuestras familias, establezca un marco de protección y apoyo similar al que disfrutan las familias numerosas y contemple otros ejes de actuación específicos en el ámbito de la conciliación y el empleo”.
A nivel autonómico, el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad una proposición no de ley en mayo de 2018 en este sentido. Además, instaba al Consejo de Gobierno de la Junta a impulsar las iniciativas legales necesarias que determinen la definición monoparental en el ámbito de las competencias autonómicas, posibilitando así el desarrollo de políticas e iniciativas sociales concretas para su apoyo y protección. Asimismo, recogía la necesidad de impulsar la creación de un documento oficial que acredite la condición de familia monoparental en la comunidad. Y, finalmente, defendía el impulso de las modificaciones legales necesarias para equiparar el reconocimiento del derecho de familia numerosa a las familias monoparentales en el ámbito de las competencias autonómicas.
El cambio de Gobierno dejó el texto en papel mojado. Y, si bien es cierto que se han introducido modificaciones en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, reconociendo las especiales dificultades de conciliación y la diferente cobertura que los permisos otorgan a sus hijos, también lo es que son demasiado genéricas.
Falta compromiso institucional. Tormo acude a la Constitución Española y cita el artículo 39, que dice que “los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil”, para apelar a la implicación de partidos e instituciones.
Pero también es consciente de que hay que sacudir prejuicios. “Las familias monoparentales han sido mal vista históricamente y hemos vuelto a sufrir malas miradas y hasta gritos desde los balcones porque no nos quedaba más remedio que ir al supermercado con nuestros hijos porque no teníamos con quién dejarlos durante el confinamiento”, explica. No habrá solución hasta que asumamos, concluye, “que hay que reformar un sistema diseñado para la familia tradicional que no atiende a otros modelos de familia y, concretamente a nosotros, nos penaliza”.
