El Ayuntamiento de Chiclana entregó este martes a la Dirección General de Disciplina Urbanística de la Consejería de Urbanismo de la Junta de Andalucía el avance del Plan de Inspección municipal, documento que el Consistorio tenía que elaborar dentro del acuerdo que en marzo del pasado año 2009 firmaron ambas administraciones, según informó ayer en rueda de prensa la delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier.
La redacción de este documento, explicó la responsable de Urbanismo, “es un nuevo paso dentro de la labor que Ayuntamiento y Junta de Andalucía están desarrollando para, por un lado, regularizar las viviendas incluidas en las Áreas de Gestión Básica, para las que se están terminando de elaborar las Ordenanzas, y, por otro, buscar fórmulas para que no haya derribos de las casas que están fuera de las AGB”. Con este Plan de Inspección “además, se evitarán las nuevas parcelaciones ilegales”, expuso la edil.
Así, el Ayuntamiento chiclanero ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía numerosas herramientas para el control urbanístico, como el Sistema de Información para la Gestión Urbanística (SIG) o los de ortofotos y cartográficos. Además, la Gerencia municipal dispone de un recientemente instalado programa para la gestión de expedientes urbanísticos.
El trabajo entregado a la Administración Autonómica incluye todos los detalles de las viviendas incluidas en el proceso de regularización, es decir, localización, datos catastrales, estado en que se encuentran, fecha de construcción y características de las mismas, si tienen o no expediente urbanístico, etc.
Objetivo
“Se trata de un trabajo concienzudo que tiene como objetivo solventar los problemas urbanísticos de la ciudad”, señaló Verdier. Para ello, “es esencial la aprobación de las Ordenanzas de las Áreas de Gestión Básica (AGB), una circunstancia que podría producirse en este próximo mes de febrero”
“Estamos en conversaciones con la Junta de Andalucía y con la Fiscalía para buscar salidas legales y evitar que haya nuevas demoliciones, que no se produzcan casos como el de las diez viviendas derribadas en Majadillas Bajas, sino que las sanciones se queden en las de carácter administrativo”, explicó la responsable de Urbanismo, para quién “lo que está claro es que cuando el anterior Gobierno municipal, su alcalde, Ernesto Marín, y el delegado de Urbanismo, José Pedro Butrón, firmaron la orden para tirar estas casas, había detrás un expediente judicial”, apuntó Verdier, que volvió a negar que hubiese, actualmente, alguna orden inminente de derribo, ni que se fueran a tirar 200 casas.
“Hay quienes, interesadamente, hablan de que se van a derribar 20, 200 o incluso he oído que hay quien ha llegado a hablar de 2.000 demoliciones”, señaló la edil para aclarar que “nada más lejos de la realidad, quien dice esto no sabe de qué está hablando”, concluyó Verdier.
