El abogado que representa a varias de las viudas de los marineros fallecidos a causa del hundimiento del 'Nuevo Pepita Aurora' ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras (Cádiz) la apertura de una pieza separada para que se investigue un posible delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible por parte de J.V.C., el patrón del buque siniestrado y único imputado en la causa.
En declaraciones a Europa Press, el letrado Ramón Dávila ha explicado que, como adelanta este miércoles El País, esta petición se sustenta en que el patrón cobró hace años 400.000 euros del seguro de la embarcación y "no se sabe donde ha ido", porque "desde luego no se han empleado para hacer frente a sus obligaciones como consecuencia del accidente" con las viudas y herederos de los fallecidos.
Detalla Dávila que, además del procedimiento por responsabilidad civil que se está tramitando en el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras, hay otro procedimiento en el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz, que dictó una sentencia favorable para sus patrocinados declarando la existencia de "falta de medidas de seguridad grave en el accidente e imponiendo a la empresa un recargo del 40 por ciento sobre las pensiones de viudedad y orfandad".
Señala que, con motivo de esa sentencia, J.V.C. está siendo objeto de embargo y "nos hemos encontrado que prácticamente no hay nada para embargar". Así, han estado "investigando" y han conocido que "hace años" cobró los 400.000 euros antes aludidos y que, según insiste, "no ha empleado para hacer frente a sus obligaciones como consecuencia del accidente".
Por ello, ha solicitado al juzgado que abra una pieza separada para investigar si el patrón ha podido incurrir en un delito de "alzamiento de bienes o de insolvencia punible" y, en su caso, se depuren responsabilidades.
Petición del fiscal "insuficiente"
Por otra parte, Dávila ha mostrado su "discrepancia" con la petición del Ministerio Fiscal de cuatro años de cárcel para J.V.C., la cual apunta que conoce a través de la prensa al no haberle sido aún notificada.
Declara que "respeta" la calificación del fiscal, aunque la considera "insuficiente", recordando que su acusación ha solicitado penas "muy superiores" por ocho delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones imprudentes y un delito contra la libertad y la seguridad en el trabajo.
En cualquier caso, indica que su objetivo fundamental es "asegurar las indemnizaciones", ya que "no puede ser que después de tantos años, porque el armador sea insolvente o no haya bienes suficientes, al final las viudas no reciban indemnizaciones", lo que califica de "tremendo".
Así, también discrepa de las indemnizaciones que reclama la Fiscalía, que explica que son de 150.000 euros por cada víctima a repartir entre todos los herederos. La petición de Dávila es de 200.000 euros para cada viuda y 100.000 euros para cada hijo, lo que considera "más justo".
Tampoco está de acuerdo el letrado en cuanto a la responsabilidad subsidiaria, ya que sostiene que existe responsabilidad tanto del astillero que construyó el barco como del Ministerio de Fomento por su "falta de diligencia en el control de los elementos de seguridad y de las condiciones de seguridad en la navegación".
Cabe recordar que el 'Nuevo Pepita Aurora' naufragó el 5 de septiembre de 2007 cuando regresaba de faenar de aguas de Larache (Marruecos) con una tripulación de 16 personas, con un balance de ocho supervivientes, cinco fallecidos y tres marineros que continúan desaparecidos.
Defensa del patrón
El abogado de J.V.C., patrón del pesquero barbateño 'Nuevo Pepita Aurora' y único imputado en la causa abierta por el hundimiento del mismo, ha anunciado que presentará alegaciones contra la petición de una de las acusaciones al Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras (Cádiz) para que abra una pieza separada por posible alzamiento de bienes relacionado con el cobro de la indemnización de 400.000 euros del seguro de la embarcación. Sostiene que el acusado "nunca lo ha ocultado".
En declaraciones a Europa Press, el letrado de J.V.C., Jesús Gómez Grosso, ha explicado que el pesquero se hundió el día 5 de septiembre de 2007 y cobró la indemnización del seguro el día 26, cosa que "no se ha negado nunca y tampoco se ha ocultado".
Por ello, se "sorprende" de que la acusación diga que "se ha enterado ahora" y que "no se sabe dónde ha ido el dinero". En este sentido, señala que su patrocinado ha utilizado ese dinero para "pagar a proveedores, créditos pendientes" y para "subsistir durante estos siete años", ya que "la única actividad que le hacía percibir ingresos se hundió en el mar el día del naufragio".
Insiste en que "nunca se ha escondido" y apunta que ese dinero se ha empleado, por ejemplo, para llevar "al día" los pagos de la hipoteca de su vivienda, los impuestos sobre la misma y de su vehículo y motocicleta, bienes que, por cierto, "están embargados" a causa de los procedimientos abiertos.
Así, ha confirmado que presentará alegaciones dentro del plazo de cinco días del que dispone, al considerar que no procede la apertura de la pieza separada por posible alzamiento de bienes.
Finalmente, Gómez Grosso ha reiterado que su cliente es "inocente" de todos los cargos que se le imputan a raíz del siniestro del 'Nuevo Pepita Aurora', que subraya que fue "un hecho fortuito".
