El Grupo Municipal Socialista ha remitido esta mañana pregunta al alcalde del PP, el señor Landaluce, sobre una amplia relación de casos judiciales abiertos cuya resolución puede afectar seriamente a la economía municipal. Los socialistas piden información sobre los denominados casos Somixur y Algesa, sobre la denuncia de la empresa ADISA contra el concurso de adjudicación del servicio de ayuda a domicilio, sobre el procedimiento abierto por una expropiación en San García, sobre las reclamaciones contra EMUVIASA y sobre el caso de la vivienda ubicada en la avenida Diputación, en El Rinconcillo.
La última respuesta ofrecida por el gobierno del PP al PSOE sobre el caso Algesa, que juzga la detención de dos directivos de Algesa despedidos por el señor Landaluce y luego rehabilitados, fue sorprendente. El consejero delegado de Algesa, Luis Angel Fernández, trasladó en julio que esa empresa no estaba inmersa en ningún procedimiento judicial. La pregunta socialista estaba destinada a conocer la estrategia jurídica municipal en el caso. La respuesta del PP puede interpretarse como una evasiva sobre un asunto que le escuece al gobierno local del señor Landaluce.
El PSOE también espera conocer las novedades del caso Somixur, tras el archivo de sus causas penales que resolvió el Juzgado de Instrucción número 3 el pasado mes de julio. La Junta de Portavoces respaldó el recurso municipal contra esta decisión. Este proceso parte de una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en el año 2008 en la que se acusaba al ex alcalde Patricio González y a seis personas relacionadas con el grupo Aldía SL de delitos de carácter societario en la compraventa de bienes públicos de la citada sociedad mixta.
Otros casos abiertos son las denuncias de la empresa ADISA contra el concurso de adjudicación del servicio de ayuda a domicilio, concedido a ADL, o la tramitación de la denuncia contra los propietarios de la vivienda ubicada en el número 45 de la avenida Diputación, en El Rinconcillo.
También preocupante resulta la reciente decisión judicial, que establece una indemnización de 1,3 millones de euros a pagar por el ayuntamiento a la sociedad Inversiones San Sergio. Se trata de un caso que arranca de un gobierno conjunto del andalucista Patricio González y el Partido Popular.
“Estamos ante un volumen importante y muy preocupante de casos judiciales abiertos, algunos ya en última fase de tramitación, que no son los únicos, desgraciadamente”, afirma el portavoz municipal socialista, Diego Sánchez Rull. “Queremos despejar incógnitas que se han creado por la falta de información a las que nos tiene acostumbrado el PP. Nos preocupa esta incertidumbre que existe porque los efectos de estos asuntos pueden dañar seriamente a las arcas municipales”, añade el portavoz municipal socialista.
