La eficacia en el servicio del agua es clave para crear riqueza, independientemente de si el suministro está en manos públicas o privadas, sin olvidar un marco legal que proteja la situación de los trabajadores del sector y a los ciudadanos que no pueden hacer frente a los recibos por cuestiones económicas justificadas. Paralelamente, las administraciones deben llevar a cabo una mayor fiscalización del servicio, ya sea éste gestionado de forma directa o indirecta, ya que la titularidad del elemento líquido es pública.

Estas fueron algunas de las conclusiones apuntadas por representantes institucionales, empresariales, sindicales y académicos presentes este jueves en la jornada 'El agua, motor de empleo y sostenibilidad social', organizada por Publicaciones del Sur y UGT, con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana, Chiclana Natural, Aqualia y Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.
Dentro del evento se analizó, a través de ponencias y mesas redondas, la gestión del agua y su impacto en el empleo y la sociedad. 

Este objetivo de generar beneficios sociales y económicos quedó patente en el acto de presentación,  que contó con la participación del alcalde de Chiclana, José María Román, y de la presidenta de la Diputación, Irene García, a los que se sumaron otras autoridades municipales, entre ellas el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, y las alcaldesas de Jerez, Mamen Sánchez, y Almuñécar, Trinidad Herrera.
Irene García dijo en la presentación que “tenemos que ser capaces de generar desarrollo sostenible, utilizando distintos motores que potencian la economía y que lo hagamos pensando en crear empleo”. “Creo que todos coincidimos en que, en materia de empleo, tenemos que avanzar muchísimo en cuanto a derechos, calidad y políticas activas que nos alejen de la dramática situación de desempleo que vive esta provincia”, añadió.

En su intervención, el alcalde de Chiclana destacó lo “acertado del título” de las jornadas, y puso como equivalencia y ejemplo la labor que desarrolla en la ciudad la empresa pública Chiclana Natural.
El consejero delegado de Publicaciones del Sur, José Antonio Mallou, agradeció la participación de todos los que han colaborado en la celebración del evento y deseó que se extrajeran conclusiones que ayudaran a la mejora de la prestación de los servicios relacionados con el agua.

Debate
Así, dentro de la primera mesa redonda, 'Modelos de gestión y marco laboral', el presidente de  Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA), Pedro Rodríguez, tachó de “demagogia barata” el debate actual entre las opciones de lo privado o lo público para llevar a cabo el servicio del “derecho universal” del agua. Expuso que ambas opciones vienen legitimadas por la ley.
Además de señalar que “más vale que las empresas tengan unos beneficios adecuados para dar respuesta a las necesidades de los municipios”, enfatizó que “la titularidad es pública de siempre y por siempre”, así como el control y la fiscalización de los servicios prestados por las compañías.

“Los ciudadanos quieren un modelo de calidad y sostenible”, apostilló. Añadió en este sentido que “en el ámbito de ASA hemos asumido determinados principios, como el de que sea quien sea quien gestione, no olvide que está gestionando un servicio público”. No obstante,  tras recordar que a primeros de año Asa firmó un convenio con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para establecer mecanismos consensuados para conseguir que nadie pueda ser privado del agua, sí matizó que “se corta el agua ciando hay q cortarla, cuando hay una situación fraudulenta”.  Explicó aquí que “todas las personas que ocupan una vivienda no son pacíficas”. Otro punto que quiso remarcar fue el de la responsabilidad social empresarial. Aseguró que hay que situar a las personas, al ciudadano, “como eje y fin principal”.

Su intervención fue seguida por la de Asensio Navarro, profesor del departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y coordinador del Máster en Derecho de Aguas. En línea con lo expuesto por el representante de ASA, incidió en que no se puede afirmar que un modelo privado o público sea más conveniente, sino que es preferible seleccionar el modelo “por escala de seguridad”, teniendo en cuenta las “fronteras espaciales” y las características de los propios municipios.

Navarro abogó igualmente por la subida del precio del agua para que éste se armonice con el resto de países pertenecientes a la Unión Europea. Una armonización de criterios en la tarifa que también defiende a nivel nacional, ya que, según los datos que aportó como ejemplo, “ducharse en Alicante sale tres veces más caro que ducharse en Bilbao”. En clave laboral, Gustavo Vargas, responsable estatal de agua de FICA-UGT, subrayó que desde los sindicatos se persigue que haya una “estabilidad laboral” y unas “condiciones dignas” para todos los trabajadores, ya sean de las concesionarias como de las administraciones.

Vargas recalcó la idea de que el término “remunicipalización”-cuando un ente local “recupera” el servicio del agua- es un “mal término” ya que expuso que “la administración sigue siendo titular del agua” y no cesa en sus responsabilidades. Denunció por otro lado las condiciones para la subrogación de los trabajadores en los casos de la citada “remunicipalización”.

En este aspecto, defendió que, a pesar de existir concesiones a largo plazo, la estabilidad laboral está sujeta a decisiones políticas “cada cuatro años”. También entró en las condiciones de las subrogaciones, ya que explicó que al sacarse de nuevo las plazas no hay garantías de que un trabajador consiga la plaza ni que vuelva a su puesto anterior, ya que en la administración pueden existir otras categorías y descripciones para la misma posición. También señaló como negativa para asegurar una perspectiva laboral permanente la integración como “personal indefinido no-fijo” de los trabajadores de concesionarias del agua que son asumidos por las administraciones. “No se entra en las mismas condiciones”, lamentó.

Antes de él, Manuel Romero, abogado asociado senior de la práctica laboral de Garrigues, explicó los distintos tipos de subrogaciones existentes. En la práctica, si bien estas posibilidades están contempladas por la legislación vigente, se les suele poner “obstáculos” o incluso ser rechazadas.
El marco legal y la sostenibilidad social fueron los temas protagonistas en la segunda mesa redonda. La secretaria de administración, salud laboral y empleo de UGT Cádiz, Paula Fernández, propuso en su comparecencia una guía de buenas prácticas precisamente en el campo de la acción social, con el objetivo de crear un “marco flexible” en el que queden constancia procedimientos “ágiles y simples” de cara a factores como las ayudas económicas y el seguimiento de su cumplimiento.

También intervino Eva María Verdugo, directora del departamento de Clientes y Sistemas de Chiclana Natural, Empresa Municipal de Aguas, Gestión de Resíduos y Medio Ambiente de la localidad, que cuenta con 35.562 contratos de suministro y unos 70 empleados.

Verdugo insistió en que “el enfoque y la orientación de la organización” debe ir dirigida al destinatario final, ya sea llamado “cliente” o “ciudadano”. También valoró la directora que en su ámbito todos los detalles son “gotas que suman”.

Ya en la clausura, el delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Ángel Acuña, destacó el incremento de un 72% respecto al año anterior de las ayudas para 2017 destinadas a las familias en situación de vulnerabilidad que no pueden hacer frente al pago de suministros. Un  millón de euros es la cantidad fijada para el año próximo. Complementariamente, Acuña ensalzó el “auxilio técnico y económico” que presta el ente regional a las administraciones locales. Actualmente, hay proyectos de depuración en la provincia ejecutándose en distintas fases por valor de unos 35 millones de euros.En cuanto a material de abastecimiento, el importe actual es de unos 53 millones de euros también en la provincia.