El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía expresa su más rotundo rechazo a los despidos planteados esta semana por el Grupo Joly y que afectarán a una veintena de personas en diversos puntos de la comunidad autónoma.
Según la información que ha podido recabar la organización colegial, los últimos despidos afectan a empleados y empleadas de las provincias de Cádiz (Campo de Gibraltar) y Córdoba; en su mayoría periodistas pero también personal de las áreas comerciales, de administración y otras categorías profesionales.
Este verano, la misma empresa ya anunció el despido de la plantilla de su rotativa en la provincia de Cádiz (más de una treintena de empleos directos). Los últimos que hemos conocido, no hacen sino sumar a los diversos despidos y reestructuraciones que viene aplicando el grupo en los últimos años.
Para el Colegio de Periodistas de Andalucía, está claro que esta empresa está “desmantelando
sus cabeceras comarcales, sin atender a más criterios que engordar sus beneficios económicos”, aunque el caso que hoy nos ocupa no es el único.
El goteo de despidos y de pérdida de derechos laborales en los medios de comunicación es incesante desde que comenzó la crisis económica. “Informamos sobre manifestaciones laborales a diario, mientras las nuestras no ocupan ni una línea en ningún periódico”.
Por ese motivo, la organización profesional cree que ha llegado el momento de que las administraciones comiencen una “campaña de vigilancia” para “evitar que continúe la sangría de empleos en los medios de comunicación andaluces”. “Existen cláusulas sociales que las empresas deben cumplir para mantener sus contratos con las administraciones públicas -continúa el CPPA-; hablamos de empresas que reciben ayudas y subvenciones, además de grandes cantidades económicas procedentes de ingresos publicitarios”.
En 2017, la Consejería de Presidencia de la Junta Andalucía ha adjudicado dos contratos para "Planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, radio y televisión, así como ejecución de los planes de medios para las acciones de comunicación" de esta Consejería, por valor de más de tres millones de euros (3.305.785,12 €) de los cuales, es probable, que parte se invierta en empresas del Grupo Joly u otras que durante este ejercicio hayan llevado a cabo despidos o reestructuraciones de plantilla.
Por ello, reclama el Colegio, "las administraciones no pueden seguir indiferentes ante el despido de miles de personas" y recuerda el acuerdo del Consejo de Gobierno, de octubre de 2016, y que se resume en la "Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía".
En esta Guía, se hace referencia expresa a criterios destinados a garantizar la estabilidad laboral en los contrataciones de las empresas adjudicatarias de ayudas, subvenciones o contratos por parte de la Junta de Andalucía, al respeto a los derechos de los trabajadores o a que las empresas con plantilla superior a los 250 empleados cuenten con plan de igualdad.
En marzo de este año, se ha constituido la Comisión de Seguimiento para la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales.
El CPPA pondrá el asunto en conocimiento de esta Comisión para que "estén vigilantes con estas situaciones de manera que se tomen las medidas más adecuadas y destinadas a garantizar una mayor estabilidad en el sector" explica el Colegio de Periodistas. Al mismo tiempo, expresa su apoyo y solidaridad a todas las personas afectadas por estos despidos y expresa su disposición a los colegiados y colegiadas para apoyarles en cuanto precisen.
