El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, está citado por Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Algeciras para declarar en calidad de investigado por supuestas irregularidades –incluyendo presuntos tratos de favor a algunas empresas- que podrían haberse cometido en relación con el plan de pago a proveedores del año 2012.
Todo parte de una denuncia ante el juzgado de la empresa Iglesias Peral, SL, gestionada por Pedro Castillo, quien a su vez también reclamó cantidades al consistorio barreño en su momento. Las presuntas irregularidades en la gestión del pago a proveedores fueron señaladas en 2015 por la exinterventora municipal en su anterior declaración ante el juzgado, momento en el que también denunció supuestas presiones del alcalde, Jorge Romero, para que emitiese informes favorables sobre determinadas facturas e incluso le redujo personal para dificultarle la emisión de informes que tenía que hacer la Intervención.
Según reza en la declaración de la exinterventora, a la que ha tenido acceso VIVA, la declarante dice que tuvo que emitir informe desfavorable de un total de las facturas de 211 proveedores relacionadas con el plan de pago de 2012, entre otras cuestiones porque en dichas facturas “no constaba la fecha de registro ni la conformidad del funcionario donde se reconoce de manera efectiva que se ha prestado el servicio”, especificando, del mismo modo, que las deudas debían estar registradas antes del 31 de enero de 2011, además de vulnerar, a su parecer, lo previsto en la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas. Manifestaba, a su vez, que ella entendía que las facturas reclamadas debían corresponder a servicios objeto de licitación, y que, según declaró la exinterventora, “todas las facturas presentadas por el Ayuntamiento eran fraccionadas no comprendiendo nunca la totalidad de la obra del servicio para de esta manera no superar los límites legales que exigen licitación”.
En cuanto al supuesto trato de favor a empresas, menciona en varios casos a la empresa CTM Carmín, de la que afirma que el valor de las facturas abonadas rondaba los tres, cuatro millones de euros, a cargo de la empresa municipal Gama, y que a su juicio no podía hacerse al estar la citada empresa en concurso de acreedores. En el caso de Carmín en concreto, la exinterventora afirmaba que le había llamado la atención que se incluyeran “pagarés con intereses” y que las facturas fuesen “certificaciones de obra y otras pagarés”, recordando que el pagaré no se admite como forma de pago en la Administración Local.
También mencionaba que le llamó la atención otro proveedor, la empresa de la que era propietario Jesús Salazar, con facturas por valor –según la declarante- de unos cuatro millones de euros. La exinterventora manifestaba, en este caso, que se incluyó como factura “una deuda que contrajo con el Ayuntamiento en el año 2003, en el que este sujeto anticipó ciertas cantidades al Ayuntamiento para que pudiera afrontar el pago de nóminas a cambio de futuros contratos urbanísticos”.
Afirmaba, además, que el Real Decreto por el que se regía el Plan de Pago a Proveedores establecía un plazo de 15 días para reclamar, por posible prescripción, las facturas presentadas por los proveedores, pero que a pesar de su informe desfavorable, el alcalde lo dejó pasar por silencio administrativo y el montante total, cifrado en 57 millones de euros, fue llevado a Pleno para su aprobación. Denuncia que ocurrió lo mismo, la aprobación por silencio administrativo, con otras 2.700 facturas correspondientes al siguiente plan de proveedores, en 2013.
El próximo miércoles, 19 de septiembre, también declararán, en este caso en calidad de testigos, la exinterventora municipal, que ya declaró por esta misma causa ante la autoridad judicial en febrero de 2015, el titular de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, dependiente del Ministerio de Hacienda, y el representante legal de la sociedad denunciante, Iglesias Peral, SL
