El grupo ecologista Verdemar Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de alzada ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por la que se aprueba el “procedimiento de modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada a la refinería Gibraltar-San Roque, de Cepsa, correspondiente al proyecto Fondo de Barril”.
En el documento, al que ha tenido acceso VIVA, Verdemar solicita a la Delegación Territorial que acuerde la suspensión de la ejecución del acto impugnado, ya que la ejecución del proyecto al que hace referencia “puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación sobre el medio natural y el patrimonio arqueológico”, señala el colectivo ecologista.
Según señala la asociación ecologista, la modificación de la AAI tiene un “indubitado carácter sustancial”, ya que entienden que el oleoducto contemplado discurre tanto por dentro y por fuera de zonas urbanas. Además, señalan la afección al yacimiento de Carteia.
Al igual que en las alegaciones que presentó a la propia concesión de la AAI, Verdemar insiste en la aprobación “extemporánea” del procedimiento, con “actuaciones ya ejecutadas parcialmente que traen causa de licencias de obras otorgadas con infracciones de la normativa urbanística y ambiental”.
En ese sentido, el colectivo ecologista apunta también a que la concesión de la AAI afianza “las afecciones a hábitats protegidos y flora amenazada” y que “convalida los desmontes, movimientos y gestión de tierras” ya efectuados, como en el caso del monte de Los Castellones, que ha centrado las denuncias realizadas por los ecologistas.
De hecho, ese caso provocó no solo una sanción de dos millones de euros por parte del Ayuntamiento de San Roque a Cepsa, por exceder lo estipulado en las licencias municipales para esos movimientos de tierras, sino que incluso ha supuesto una demanda judicial por parte de Verdemar tanto al Consistorio como a la empresa. Esos hechos conllevaron la suspensión cautelar del proyecto.
En ese mismo sentido, el colectivo ecologista insiste en que el proyecto incurre en un incumplimiento de la orden sobre “normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron”. Alude Verdemar en ese punto a suelos de la antigua Cabresa que “sí soportaron una actividad contaminante” y han sido removidos en estas actuaciones.
Además, la asociación insiste en que la aprobación de la modificación de la AAI es “improcedente”, en cuanto a que “permite la convalidación de actuaciones ya ejecutadas que vulneran la normativa de protección del patrimonio arqueológico”, por las afecciones al yacimiento de Carteia, ya denunciadas por Verdemar.
