El portavoz de la Plataforma 'Stop Desahucios' en Córdoba, Rafael Blázquez, ha informado este lunes de que una mujer del colectivo, que fue desahuciada y sufrió un aborto, se plantea iniciar una demanda por la vía penal "contra los responsables políticos de este atropello", apoyándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que considera que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria, porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.
En declaraciones a los periodistas, el portavoz del colectivo ha detallado que se ha retirado la denuncia presentada en un primer momento contra los funcionarios de la comisión judicial que intervino en el desahucio por las supuestas vejaciones que padeció la mujer y por la que se iba a celebrar un juicio de faltas.
En este sentido, ha advertido que "la desahuciaron sin siquiera avisar", lo que supuso "un sofocón y un mal rato", a lo que se une que "las formas fueron improcedentes y a raíz de eso perdió el hijo que esperaba". Así, agrega, "tras la sentencia a nivel europeo, más que un juicio de faltas", plantea "iniciar una demanda por la vía penal, ir contra los responsables políticos de este atropello", pues "no se van a olvidar los sufrimientos y las muertes", como la última registrada en la capital.
Entretanto, el portavoz de la Plataforma 'Stop Desahucios' en Córdoba ha animado a las familias amenazadas por desahucios a acudir este martes a los juzgados para presentar escritos solicitando la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Al respecto, ha manifestado que "hay que decirle a los juzgados que hay que declarar nulos y paralizar todos los desahucios" tras este fallo, en el que considera que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que está en trámite parlamentario, es "la clave para parar ya lo que está pasando".
Y es que, subraya que la sentencia europea dice que toda la normativa en España es "ilegal" y ante ello, "son los juzgados los que entienden", motivo por el que este martes presentarán escritos por cada familia amenazada de desahucio, dado que "todo este procedimiento ha de ser nulo".
