La Fiscalía Provincial de Córdoba ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia del concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento de la capital Carlos Baquerín, sobre la supuesta violación de derechos fundamentales por parte del concejal de Hacienda, Gestión y Administración Pública, José María Bellido, y en su caso de los demás integrantes de la Junta de Gobierno Local, por una presunta instrucción para "la apertura indiscriminada" de las cartas que llegan al Consistorio para "todo el personal".
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, después de que la Fiscalía General del Estado decidió trasladar a la Fiscalía Provincial dicha denuncia antes de finalizar el mes de agosto, tras presentarlo Baquerín, quien en su escrito explica que "desde el 15 de julio existe una instrucción de la Dirección General de Gestión y Comercio del Ayuntamiento, emitida con el visto bueno del teniente alcalde de Hacienda, Gestión y Administración Pública, presuntamente aprobada o al menos conocida por la Junta de Gobierno Local y dirigida a la Unidad de Servicios Centrales del Ayuntamiento".
En la misma, según detalla, se informa de que "todos los escritos recibidos en el Registro Auxiliar de Correo y Reparto deberán registrarse de entrada con independencia de que el destinatario que venga indicado en la comunicación o escrito sea el propio Ayuntamiento o alguno de sus empleados públicos o personal que desarrolla funciones en el mismo".
Para Baquerín, como consecuencia de esta "decisión administrativa y al menos desde esa fecha", esa "discutible presunción, de muy dudosa legalidad", ha servido para que en el Ayuntamiento "de forma sistemática e indiscriminada, se haya venido abriendo, sin conocimiento previo ni autorización del destinatario o del remitente, el correo postal dirigido a la atención personal de los funcionarios públicos, del personal contratado y eventual y de los cargos electos".
Todo ello, según añade, se ha hecho "con independencia de la aparente naturaleza pública o privada de la correspondencia y de la identidad de su remitente". Además, señala que "puesto que de lo que se trata es de un registro de entrada, se entiende que en la instrucción no se dispone únicamente la apertura de los sobres, sino también exponer su contenido a registro, y por tanto, a conocimiento público".
Al respecto, considera que "la medida adoptada se ha hecho extensiva a los concejales de la oposición", de manera que en su caso apunta que "se ha abierto tanto la correspondencia que ha llegado" a su nombre, como aquella otra en la que él "figuraba como remitente y que iba dirigida a título personal y en sobre privado a empleados municipales".
De este modo, cree que "se ha violado el estatuto político y jurídico" que como concejal de un grupo de la oposición le asiste y "con evidente vulneración de los derechos derivados de las obligaciones de control y de fiscalización que son propios del ejercicio de cargo político".
PETICIONES
Entretanto, el concejal de UCOR advierte a la Fiscalía sobre el hecho de que "la medida impuesta ha afectado y afecta a una gran número de destinatarios y que además, siendo los remitentes de esa correspondencia recibida en el Ayuntamiento, personas y entidades de toda naturaleza y cuyo domicilio pudiera estar fijado en cualquier lugar de España e incluso de fuera del Estado español", los hechos, según señala, "trascienden de lo meramente local".
Ante ello, solicita a la Fiscalía que tenga en cuenta dichas manifestaciones "por si pudieran suponer tanto un agravio personal como una violación continuada y de carácter general de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en su caso, ser constitutivos de delito de conformidad con el Código Penal, y cualesquiera otras normas que pudieran resultar aplicables a los hechos y personas denunciadas a la luz de los resultados de la investigación oficial que se le requiere".
Igualmente, reclama que se soliciten o se adopten "urgentemente" las medidas judiciales cautelares necesarias para que, "hasta el total esclarecimiento de los hechos denunciados, se garantice el cese inmediato de conductas o instrucciones por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento o de sus concejales delegados, que pudieran estar vulnerando de forma continuada y general el derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos mediante la violación del secreto postal".
POSTURA DEL AYUNTAMIENTO
Por su parte, el teniente de alcalde de Hacienda, Gestión y Administración Pública del Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, explicó que la apertura de cartas a la que se refiere el concejal de Unión Cordobesa "una instrucción de carácter técnico" de la Dirección General de Gestión, "tal y como él mismo reconoce en su escrito".
Así, Bellido subrayó que "por parte de los técnicos no hay intención de vulnerar el secreto de las comunicaciones de ningún funcionario, ni político de esta administración" y la instrucción técnica se hizo "con la intención de evitar que hubiera documentos que se quedaran sin registrar" en este periodo de vacaciones al poder ocasionar perjuicio para el administrado.
Asimismo, precisó que el personal que haya podido acceder a abrir el correo es también personal funcionario y las cartas que eran de carácter personal, "obviamente no se abrían", puntualizó.
No obstante, informó de que el día 1 de agosto un funcionario presentó una queja al respecto y desde ese mismo día el director general de Gestión retiró dicha instrucción. En cualquier caso, Bellido afirmó que "si la Fiscalía solicita alguna documentación o información se ofrecerá sin ningún problema".
