La Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba ha condenado a cuatro años de cárcel al notario Carlos Alburquerque, ya jubilado, por un delito continuado de apropiación indebida tras quedarse con 400.920,39 euros de más de un centenar de clientes entre los años 2005 y 2015.
En la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia Provincial también condena al acusado al pago de una multa de 30.000 euros, así como a indemnizar a los perjudicados en la cantidad de la que se apropió, como son los 400.920,39 euros referidos.
Mientras, el tribunal ha absuelto a la esposa del procesado del delito continuado de apropiación indebida que se le imputaba, al considerar que "no ha resultado acreditado" que participara en la ejecución de los hechos, "ni se beneficiase de las cantidades apropiadas por su marido".
Así, la Audiencia considera probado que el acusado, en el año 2005 y entre 2009 y 2015, cuando se jubiló tras ejercer como notario durante años en la capital cordobesa, "recibió de distintos particulares y sociedades diversas cantidades de dinero como provisión de fondos --ya en metálico, ya por cheque bancario, ya a través de transferencia bancaria--", para que llevase a cabo escrituras, liquidaciones de impuestos, actas, pago de tasas o inscripciones en el Registro de la Propiedad.
El tribunal manifiesta que dichas cantidades fueron entregadas por los clientes "desde la confianza que infunde la práctica usual de cualquier notaría", pero el acusado, "lejos de dar el destino delimitado para el que se las habían confiado, le dio otro distinto en beneficio particular, apropiándose de las mismas con ánimo de enriquecimiento ilícito, sin llegar a ejecutar efectivamente ya todos, ya parte de los trabajos encomendados".
"Para lograr su finalidad", el notario "se valía de la ayuda" de una empresa cuyo objeto social es el asesoramiento y tramitación de toda clase de documentos ante organismos públicos y privados, a través de la cual "se gestionaba administrativamente la documentación que se derivaba de las escrituras públicas, y en cuya cuenta se ingresaban parte de las provisiones de fondos, con independencia de las que se hacían en otras cuentas bancarias titularidad del acusado".
Según recoge la sentencia, el acusado se apropió de un total de 400.920,39 euros de sus clientes, habiendo consignado antes del inicio del juicio la cantidad de 20.000 euros para su entrega a los perjudicados.
Respecto a la esposa del acusado, la Audiencia señala que ostentó el cargo de administradora única de la empresa hasta el día 22 de octubre de 2014, fecha en que asumió dicho cargo su marido.
No obstante, la mujer del notario, "que acudía esporádicamente a la notaría, más por la relación matrimonial que por otras razones, se limitaba a estampar su firma cuando era requerida por su esposo con motivo del cierre de cuentas, pero no tenía conocimiento en modo alguno de los desvíos de fondos que en relación con las provisiones de los clientes aquél efectuaba".
SE DECLARÓ "RESPONSABLE"
Cabe señalar que en la primera sesión del juicio el procesado se declaró "responsable del delito de apropiación indebida" y manifestó que recibió distintas cantidades que "no fueron objeto de alza", pero no fueron destinadas al fin para el que fueron entregadas, según su relato.
Tras advertir de "las dificultades económicas" en la notaría, el acusado subrayó que "siempre" ha intentado remediar el problema y ha intentado reparar el daño, pero no le ha sido posible por completo. Además, dijo que fue "consciente" cuando apareció el problema en la gestión, si bien no supo parar a tiempo, según su declaración.
En cualquier caso, aclaró que "no existía voluntad expresa de apropiación", ni dar instrucciones a empleados a tal efecto, a lo que agregó que "nunca" ha querido engañar a los clientes, parte de ellos con los que ha mantenido amistad, y que "nunca" se han inflado precios.
Igualmente, resaltó que su esposa no ha tenido "nada que ver" en los hechos y que su participación en la notaría ha sido "nominal" y de "relaciones públicas", a la vez que remarcó que su "firme voluntad es devolver todas las cantidades" a los clientes afectados.
Pese a ello, la Fiscalía mantuvo la acusación contra el notario, para quien solicitaba cuatro años de prisión, multa de 30.000 euros y el pago de una indemnización por la citada cantidad apropiada, al tiempo que retiró la acusación contra la mujer del acusado en cuanto a la responsabilidad civil.
INFORMACIÓN A LOS AFECTADOS
Como se recordará, el Colegio Notarial de Andalucía abrió en 2015 una investigación ante las reclamaciones contra el citado notario, después de que presentaran las primeras reclamaciones y solo dos semanas después optó por jubilarse.
Así, el colegio hizo pública "su preocupación por las quejas recibidas de algunos ciudadanos sobre la actuación del notario", al tiempo que destacaron que aunque carece de competencia sobre un notario jubilado, se inició la investigación de lo ocurrido y, a través de la delegación del colegio en Córdoba, se atiende a los afectados y se les informa de la situación y de los pasos que se dan.
Igualmente, subrayaron que el Colegio dedicará "todos sus esfuerzos al esclarecimiento de lo ocurrido y a que se garantice el derecho de las personas afectadas a ser indemnizadas en caso de que se confirmen las irregularidades denunciadas".
Entretanto, desearon dejar constancia de que "las denuncias o quejas de los ciudadanos contra la actuación notarial son excepcionales, pues la actividad de los notarios no llega a generar ni un 0,1 por ciento de conflictividad".
