Los diez alumnos del IES Góngora de Córdoba que fueron aislados en Mallorca por el Gobierno de Baleares al que han denunciado por supuestamente retenerlos de forma "indebida" en el hotel medicalizado Palma Bellver por el macrobrote de Cobid-19, pese a haber dado negativo en varias PCR y no estar en el listado de personas que tenían que confinarse, regresan a la capital cordobesa desde la mañana de este jueves.
Según ha informado a Europa Press el padre de una de las alumnas y abogado, Luis Espinosa, siete de los diez se encuentran ya en el barco de regreso para llegar al Puerto de Valencia y desde ahí la Junta de Andalucía ofrece a las familias el traslado en autobús hasta sus casas, con la realización previa de un test de antígenos para garantizar una vuelta segura, mientras que los otros tres regresan en avión.
Al respecto, ha explicado que "han salido sin problemas, aunque les han puesto por delante condiciones ilegales para salir del hotel, como es firmar un reconocimiento de ser contactos estrechos" de casos positivos, a lo que ha agregado que "el hecho de exigir eso es muy fuerte después de tener una resolución judicial diciendo que no se considera así", que sean contactos estrechos. Así, ha manifestado que "algunas veces la administración se pone en un plan muy cuestionable".
Este miércoles el grupo de padres de los diez alumnos que han denunciado a la directora general de Salud Pública de la comunidad, María Antonia Font, y a la Consejería de Salud balear valoró que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de los jóvenes que hayan dado negativo o a los que no se les ha practicado la prueba.
En este sentido, Luis Espinosa comentó que dicha resolución es "positiva al estar en la línea" de lo que ellos mantienen, si bien cree que "es insuficiente", porque es un procedimiento en el que ellos no intervienen, a lo que apostilló que "la Consejería de Salud ha tomado una decisión que conlleva una limitación de derechos fundamentales de las personas, que están constitucionalmente garantizados".
Además, remarcó que "de momento" van a mantener la denuncia presentada por ellos al entender que supuestamente se comete un delito por los funcionarios públicos contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes, el artículo 542 del Código Penal, que implica una pena de uno a cuatro años de inhabilitación absoluta para el funcionario que fuese condenado.
Según las cifras proporcionadas este miércoles por el Gobierno balear, la resolución del juzgado afecta a 181 jóvenes aislados en el hotel. La resolución es ejecutiva y significa que estos 181 alumnos han podido abandonar el hotel. Otros 51 estudiantes alojados en este hotel sí habían dado positivo y deben quedarse.
Así, en cuanto a los 175 jóvenes andaluces que están en aislamiento en Mallorca, hay 34 positivos y son todos de la provincia de Córdoba. Mientras, dos de los estudiantes, procedentes de Córdoba, aislados en dicho hotel abandonaron el martes por la noche las instalaciones y uno de ellos se encuentra con conocidos de su familia, mientras que el otro regresó. Ambos habían dado negativo en las PCR.
LA DENUNCIA
En relación con la denuncia contra el Gobierno balear, Luis Espinosa ha detallado que el grupo de diez jóvenes a quienes representa fue conducido el día 25 de junio al citado hotel en ambulancia y bajo custodia policial por su posible vinculación al macrobrote.
Un día después, la Consejería de Salud aprobó una resolución que no entró en vigor hasta el 27 de junio y que fue remitida posteriormente a los padres. En dicha resolución, se ordenaba el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento bajo custodia policial de una serie de estudiantes, incluyendo en dos anexos los nombres, apellidos y DNI de los estudiantes afectados.
Sin embargo, revisados dichos anexos, los nombres de estos diez jóvenes del IES Góngora, que salieron de Córdoba después de dar negativo en una PCR y que se sometieron a otra el día 26 en Mallorca que también dio negativo, no figuran en ninguno.
El letrado considera, por tanto, que la retención practicada vulnera derechos fundamentales de los jóvenes, dado que "no se les puede vincular de ningún modo al brote en cuestión", y que "se ha abusado de su disposición de colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido", al "convertir un acompañamiento voluntario cautelar en una retención indebida por agentes de seguridad del Estado".
Los jóvenes llegaron a Mallorca el día 22, "con autorización de la agencia de viajes que sigue unas normas que pone el Gobierno de Baleares, que tenían que ir con una prueba negativa", de manera que "todos eran negativos", según detalla, para remarcar que "ellos no han participado en ninguna de las macrofiestas, ni botellones que ha habido, porque las fiestas son del fin de semana del 18 y 19 de junio", y asegura que "no han estado en contacto con los positivos".
El abogado y padre de una de las menores confía en que "se depuren las responsabilidades que pueda haber de todo tipo, personales, penales y patrimoniales".
