A gran parte de los andaluces ni les sonará el nombre de Elena Cortés. A otros sí, desde que dijo que si no fuera consejera “seguramente participaría en los escraches”. Ella es la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, merced a ese pacto de gobierno entre PSOE e IU que permite que esta comunidad no esté gobernada por el partido que mayor número de votos alcanzó en las urnas en las últimas elecciones autonómicas.
Vamos por partes. La consejera, siguiendo los mismos pasos que otros compañeros de su formación política -recuérdese a Carlos Vázquez participando en los “piquetes informativos” de la huelga general- no tiene pelos en la lengua al asegurar semejante memez. Y la tildo como “memez” únicamente por un dato al que cualquiera de ustedes puede tener acceso si realizan una búsqueda en la web del BOJA: en el tiempo que lleva ocupando el despacho de consejera se han llevado a cabo más de un centenar de notificaciones de embargo por impagos de alquileres o rentas en las viviendas públicas de la Junta de Andalucía, a pesar de que dijo que estaban paralizados desde el mes de junio. O está mal informada o en el BOJA están cometiendo un grave error, ya que el anuncio de desahucio más reciente ha sido publicado el pasado 2 de abril. Algo no cuadra.
¿Es o no una memez? ¿Se hará la consejera su propio autoescrache?
Como tampoco cuadra que el Gobierno andaluz presuma de poner en marcha un decreto, que entra en vigor el próximo viernes, por el cual se permite la “expropiación temporal por tres años del uso de viviendas en inminencia de desahucio”. La consejera escrachera, a raíz de esto, hace hincapié, además, en la defensa del “interés general frente a las entidades financieras, promotores y las empresas constructoras”, a las cuales -presume ella- de no haber “ni siquiera consultado a la hora de elaborar este decreto”. Sólo les ha movido, insiste, el interés general para “proteger la integridad física y psíquica de las personas que se encuentran inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria”.
Algo me dice que este decreto es más populista que realmente efectivo. Los datos y el tiempo nos contarán la verdad.
Y dígame, señora consejera: ¿por qué la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, dependiente de su Consejería, tiene una bolsa de 5.000 viviendas cerradas a cal y canto?¿Por qué no las cede de alguna forma para “proteger la integridad física y psíquica de las personas que se encuentran inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria”? ¿Eh?
