El SPJ-USO informa de que los funcionarios de justicia de la provincia han vuelto a echarse a la calle en un seguimiento masivo que calculan desde la central sindical de un 90%. De esta forma, la prácticamente totalidad de los funcionarios de justicia se han concentrado a las puertas de las oficinas judiciales mostrando su rechazo a la política de recortes del gobierno andaluz. "No a los recortes", "No a la reducción de salarios", "Griñán, Valderas, nos roban la cartera", "Manos arriba, esto es un atraco"... eran algunas de las consignas que podían leerse o escucharse en estas concentraciones.
Estas movilaciones (ya van dos paros en la provincia de Cádiz en este sector) son sólo el comienzo, ya que, a partir de ahora, se va a constituir una plataforma de unidad sindical con todos los sindicatos del sector (SPJ-USO, CSIF, UGT, CCOO Y STAJ) que van a promover acciones conjuntas que irán in crescendo si el Gobierno andaluz sigue haciendo oídos sordos a sus propuestas. La sede judicial de El Puerto se ha unido a dicha convocatoria.
Desde SPJ-USO reprochan al Gobierno andaluz que "nos hable de austeridad cuando recientemente y por resolución de 2 de mayo pasado, se han repartido 111.000 euros en productividad para 31 altos cargos de la Consejería de Economía, y también le reprochamos que siempre recurra a lo fácil, es decir a echarnos mano de la nómina, en vez de explorar otras vías menos gravosas, como podría ser la de suspender la formación durante un tiempo, o las múltiple subvenciones, incluidas las sindicales, o determinados gastos suntuosos en infraestructuras que ahora mismo no son necesarios (como la nueva sede de la Fiscalía del TSJ en Granada, que se ubicará en el antiguo edificio del Banco de España en la Gran Vía, con un coste significativo)".
Por ello "exigimos que comparezca y de la cara en la mesa de negociación el nuevo consejero de Justicia".
Finalmente "queremos transmitir al Gobierno andaluz la indignación y el desapego que está cundiendo entre el personal de justicia hacia la administración de la que depende, y que resulta paradójico e indignante que ahora se nos diga que es preciso recortar 777 millones de euros en gastos de personal para cumplir el objetivo de déficit exigido por el Ministerio de Hacienda, cuando no hace mucho se volatilizaron más de 800 millones en EREs fraudulentos, o que por el presidente Griñan y por la consejera de Hacienda se justifiquen estos recortes como medio para evitar el despido de 24.000 empleados públicos andaluces, cuando no hace mucho estos mismos responsables políticos metieron por la puerta de atrás más de 26.000 enchufados a través de la ley de reordenación de sector público andaluz, y sin pasar por el filtro de la igualdad, mérito y capacidad mediante las oportunas oposiciones".
