El pleno ha aprobado por unanimidad, con el rechazo de la oposición, la modificación de la Ordenanza Municipal que regula el Registro Público de Demandantes de Vivivenda Protegida. Esto supondrá un aumento entre el 10 y el 15% en los alquileres de las viviendas de la empresa municipal de Suvipuerto.
En concreto, esto puede traducirse en que en las viviendas de Santa Clara, los vecinos que venían pagando 68 euros, pasarían a pagar 115 euros al mes; los de Crevillet, de 80 a 140 euros; los de Santa María de la Cabeza, de 88 a 147 euros; y los de Valdés y Santa Fe, de los 95 actuales, a los 150 euros.
La oposición se ha negado en rotundo a la aplicación de esta medida. De esta forma, el grupo IU ha indicado que “grava y afecta a los más desfavorecidos”. Por su parte, IP ha establecido que “los nuevos criterios, no se ajustan a las realidades”. En este sentido, Antonio Jesús Ruiz ha destacado que “aquellos que no puedan pagar la vivienda no serán desahuciados”. Afirmación de la que se ha mostrado escéptica la oposición.
En cambio, el grupo socialista ha preguntado a Ruiz por las bonificaciones, a lo que éste ha respondido que una empresa pública no puede ofrecer subvenciones.
En lo referente a la opinión de los vecinos, el representante de la Coordinadora de Inquilinos, Miguel García, ha destacado en su intervención en el pleno que esta decisión “no ha sido consensuada con los inquilinos y creemos que estas medidas son innecesarias e injustas porque afectan a un colectivo necesitado que apenas gana 400 euros al mes”.
Y es que, como han señalado tanto los grupos de la oposición como García, “los inquilinos somos los más indefensos”.
Problemas en las viviendas
Por otra parte, el representante de la Coordinadora de Inquilinos ha recordado la factura de “500 euros que nos costó un desatasco de las arquetas en el colegio ”. Y es que, Miguel García ha hecho hincapié en el estado en el que se encuentran muchas de ellas, “que no se pueden ni limpiar”.
En lo referente a los problemas que puedan ocasionarse en en las viviendas, los grupos de la oposición en el pleno han puntualizado que “debe ser el arrendador y no el arrendatario el responsable de los desperfectos que puedan darse en la vivienda”.
A este respecto, el delegado de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, ha indicado, tal y como señala el BOJA, que “el arrendatario también tiene la responsabilidad de ocuparse de la vivienda en la que reside”.
