El Grupo Municipal de Independientes Portuenses ha mantenido una reunión con la Plataforma 'Apemsa No Se Vende', con el objeto de recoger sus dudas, inquietudes y preocupaciones sobre la venta de la empresa municipal de Aguas de El Puerto.
En este sentido, IP volvió a manifestar su negativa "a la venta o al eufemismo utilizado por el PP-PA de entrada de socio tecnológico” en la empresa municipal. Asimismo, el grupo independiente ha mostrado su apoyo a las iniciativas futuras que desde esa Plataforma se pretendan desarrollar.
Por otra parte, la Plataforma mostró su preocupación por la repercusión en la subida de las tasas a los usuarios que con total probabilidad supondrá la entrada de capital privado, "haciendo de un bien público como es el agua un nuevo negocio y agravando así la precaria situación económica de los portuenses".
De esta forma, y aprovechando el encuentro, IP solicita al equipo de gobierno que "sea consecuente con la transparencia que tanto vende e informe a la ciudadanía sobre el proceso de privatización de Apemsa, así como que, en un ejercicio de responsabilidad y voluntad política, abandone la idea de vender la 'Joya de la Corona' como comúnmente conocemos a esta empresa municipal, ya que es un bien y un derecho de toda la ciudadanía de El Puerto de Santa Maria".
Alegaciones a la Ordenanza de Vivienda
En otro orden de cosas, Independientes Portuenses ha presentado alegaciones a la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de la Vivienda de Titularidad Municipal
El Grupo Municipal de Independientes Portuenses, a través de su portavoz Silvia Gómez, quiere informar a los ciudadanos de la presentación en tiempo y forma de alegaciones a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y 13 de Diciembre de 2012, en base al anuncio publicado en el BOP de Cádiz núm. 1 de 2 de Enero de 2013.
"Consideramos que no se ha dado participación ni a la oposición ni a los propietarios e inquilinos de viviendas municipales y que los fines de estas modificaciones en la Ordenanza responden más a un carácter recaudatorio que al fin social al que debieran servir", ha puntualizado.
Igualmente, han expresado que no entienden que "en el marco social y económico que nos encontramos la imposición de estas medidas tan perjudiciales para estos inquilinos y propietarios, acogiéndonos ahora a normativas que son opcionales y que sólo gravan a estos sujetos y en nada a Suvipuerto".
En este sentido, consideran que "Suvipuerto debería asumir sus obligaciones, al igual que hace cualquier arrendador de un inmueble y no imponer estos gastos a los arrendatarios".
