La ausencia reiterada del técnico Julián Martín Bravo es la causa por la que los grupos municipales han decidido cerrar la comisión informativa creada para analizar la posible concesión irregular de la construcción de dos aparcamientos en El Puerto de Santa María (Cádiz).
Según ha confirmado el presidente de dicha comisión, el concejal de IU Antonio Fernández, al proceso le falta una "pata muy importante" que es la declaración de Martín Bravo quien supuestamente recibió presiones por parte de la empresa municipal encargada de adjudicar la obra.
Según Fernández, el extécnico municipal "ni tan siquiera ha recogido las notificaciones que se le han enviado" por lo que se va a trasladar al pleno una memoria de las sesiones y cada grupo municipal ofrecerá sus propias conclusiones.
En la sesión de este viernes, que se ha extendido hasta primera hora de la tarde, han comparecido Jesús Martínez, de la empresa Técnica Gades, y Cayetano Gómez, gerente de la empresa municipal encargada de la adjudicación del proyecto que finalmente recayó en la constructora Gyocivil tras el informe de una auditoría externa.
El primero de ellos ha admitido ser el autor de la grabación que destapó el caso en la que podía escucharse como Julián Martín recibía indicaciones de Cayetano Gómez para alterar la baremación.
Por su parte, Gómez ha reiterado su postura de hacer responsable al extécnico municipal de filtrar información del proceso a empresas implicadas en el mismo.
Para Izquierda Unida ambos testimonios prueban las "implicaciones repugnantes" del mundo de la construcción con la política, y se posicionan en contra de un proyecto que "no es más que hacer que los ciudadanos tengamos que pasar por taquilla".
Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha notificado hoy a las tres empresas que han llevado el caso a los tribunales (San José S.A., Cartuja Inmobiliaria y la UTE formada por Ogensa y Gévora Construcciones) que se declara no competente para resolver las alegaciones y las insta a que presenten un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Tras este dictamen, Gyocivil y el equipo de gobierno tienen vía libre para comenzar la obra que suponen la construcción de dos aparcamientos subterráneos en la zona de Pozos Dulces y en la Plaza de Toros a los que se oponen también numerosos colectivos ciudadanos.
