El delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Cádiz, Manuel González Piñero ha vuelto a reiterar al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María que le remita los documentos necesarios para poder proceder a la adjudicación de 42 pisos de Santa Clara a familias procedentes del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, según los cupos establecidos y acordados en la última comisión de seguimiento del convenio firmado para la rehabilitación integral de la barriada José Antonio, celebrada el pasado mes de marzo.
González Piñero niega rotundamente que en la Delegación que él representa o en la gerencia de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía se hayan recibido los certificados exigidos por ley para poder adjudicar los 42 inmuebles, unos documentos en los que se acredita que las familias que van a ocupar los pisos han estado inscritas en el referido Registro municipal y que cumplen los requisitos legales para ello.
El delegado de Fomento y Vivienda desmiente que desde Suvipuerto, la empresa pública de vivienda portuense, se haya remitido lo que se pedía y explica que, a primera hora de la tarde del viernes, en el registro de la Delegación, se recibió un escrito de dicha empresa en el que se comunicaba el nombre de 16 personas, “procedentes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María que serán realojadas según el convenio interadministrativo de colaboración” firmado entre AVRA y el citado ayuntamiento para la rehabilitación integral de la barriada de José Antonio, a lo que seguía un listado con 16 nombres, todo ello en un folio a una cara.
Con la misma fecha, en el registro de entrada de la Gerencia de AVRA en el casco antiguo se recibieron sólo 13 certificados de los 16 especificados en el escrito presentado en la Delegación, faltando todavía 29 documentos por cumplientar, con detalles sobre el promotor, el expediente, datos personales del adjudicatario y los demás miembros de la unidad familiar, ingresos y la circunstancias que se acreditan, es decir, si son familia numerosa, existe alguna discapacidad, si la es familia monoparental, víctima de maltrato o violencia doméstica u otras circunstancias.
“Es lamentable que Suvimpuerto haga su trabajo tarde y mal, y encima culpe de sus errores a la Junta de Andalucía, una administración que en todo momento se ha mostrado dispuesta a colaborar, a tomar decisiones consensuadas dadas las circunstancias especiales que se dan en esta promoción y a agilizar los trámites para que las familias que esperan como agua de mayo ocupar sus nuevas viviendas puedan hacerlo a la mayor brevedad posible”, ha precisado González Piñero, quien asegura que el Ayuntamiento ha actuado “con mala fe al presentar documentos de una misma promoción en distintos registros. Con ello, lo único que consigue es desacreditarse y demostrar que no tiene ningún interés en solucionar los problemas de vivienda que padecen muchas familias portuenses”, ha añadido.
Por ello, el delegado ha vuelto a pedir que se corrijan los errores y que se remita la documentación necesaria para culminar la adjudicación de las 42 viviendas de Santa Clara, un proceso para el que ha hecho falta un importante trabajo social por parte de los técnicos de las distintas administraciones intervinientes, tratando así de garantizar la convivencia entre los vecinos, la integración social, el mantenimiento de las zonas comunes y el buen estado de conservación de los inmuebles.
Esta promoción 125 viviendas protegidas de Santa Clara, de las cuales 87 son en régimen de alquiler a 25 años y las 38 restantes, en alquiler con opción a compra a los diez años, forma parte de un plan de renovación urbana y de intervención social vinculado a la barriada de José Antonio, de donde proceden numerosas familias adjudicatarias.
La intervención en Santa Clara ha supuesto una inversión total de la Junta de 21,5 millones de euros, tanto en la adquisición y urbanización de suelo como de edificación.
