Esta semana se anunciaba que el ente público, el que englobará a las distintas empresas municipales, está todavía sin fecha definitiva para ser una realidad. En eso también habrá que seguir esperando. Al menos un año. Sin nada nuevo que informar, a pesar de comparecer en rueda de prensa con los actores principales (a excepción otra vez de José Antonio Oliva, cada vez más en un segundo plano), el tripartito ya habla abiertamente y sin tapujos del recorte que se producirá entre los empleados públicos con la medida que se pretende implantar.
Otra cuestión que deberán solventar y, al igual que el presupuesto anual, necesitará de la pertinente aprobación del Ministerio de Economía y Hacienda que tendrá nuevamente que dar su consentimiento para llevarse a efecto dicha unión.
El recorte también llegará a los empleados públicos que se verán afectados de manera directa, en una decisión política, y que pagarán de algún modo la unificación empresarial emprendida por el Ayuntamiento. Una medida a todas luces antipopular y que, al igual que ocurriera con empleados de Suvipuerto, debiera encontrar, ahora, la reprobación y solidaridad de los diferentes órganos sociales que tendrían que denunciar una situación laboral inestable, y que, sin comerlo ni beberlo, les afectará de manera directa a sus bolsillos. ¿Habrá pancartas?
