El Ayuntamiento, y por ende el bipartito (PSOE-IU) se enfrenta a una actuación, debido a la situación que arrastra la empresa municipal Suvipuerto, de estudio de acciones judiciales contra los inquilinos morosos, ya que el impago está suponiendo que la deuda de la entidad crezca, hasta el punto de que puede ser imposible poder afrontarla a partir de ahora.


Aunque en general la situación de Suvipuerto no es halagüeña, parece ser que en el caso de la promoción de Cruces, 8, en la que la empresa municipal es propietaria de las fincas, siendo viviendas en alquiler con opción a compra, es aún peor si cabe.


Con respecto a dicha promoción, en el último informe expuesto al Consejo de Administración de la entidad municipal  y al que ha tenido acceso Viva El Puerto, “las próximas cuotas del préstamo”, tanto de Cruces, 8 como de Zarza, 50 (que está en la misma entidad, Unicaja), “previsiblemente no podrá ser atendida dada la elevada morosidad por impagos de las rentas de los inquilinos”. Por ello, desde la dirección de Suvipuerto se estudian “acciones para atajar y tratar de cobrar las deudas a los inquilinos, mediante el inicio de acciones judiciales”, explican.


Tal y como ha podido conocer este medio, los vecinos de estas viviendas, cansados de soportar sus cuotas mensuales, viendo como el resto de inquilinos del parque municipal de vivienda no paga un solo euro, por decisión del bipartito, están dejando de pagar, lo que supone que Suvipuerto no cuenta con importe para afrontar los préstamos contraídos.


Al mes, los derechos de cobro, es decir, los recibos emitidos, en la promoción de Cruces, 8, ascienden a 17.711,01 euros; mientras que la media mensual de la cuota hipotecaria, es decir, lo que hay que desembolsar a Unicaja, es  14.393,26 euros; y la media mensual de cobros, o sea, los recibos cobrados, suponen 11.135,52 euros. Por tanto, son 6.575,49 euros a lo que asciende la pérdida mensual de Suvipuerto, siendo 2.682 los euros que la empresa tiene que abonar a Unicaja, cobre o no de sus inquilinos.
Y como según la Ordenanza Municipal de Vivienda, el Ayuntamiento, por ende todos los portuenses, tiene que afrontar el déficit de lo que cada inquilino no paga, serán todos los ciudadanos los que se vean afectados por esta cuestión.


Así, en el documento al que ha accedido este medio, se explica que “en cuanto a la deuda del parque municipal, y dado que ahora la mayoría de las viviendas tienen renta 0 euros/mes, no se incrementará de manera tan exponencial como ocurre en Cruces. Sin embargo, la dirección igualmente va a plantear medidas para solicitar al Ayuntamiento que, mediante plan de ajuste o calendario de pagos, vaya afrontando y abonando a la sociedad los créditos que se vayan considerando incobrables así como medidas judiciales contra aquellos que, pudiendo pagar, no afrontan cantidad alguna. Destacar también que, cuando entre en vigor la nueva ordenanza, parte de la deuda será reconocida por los inquilinos, estableciendo calendarios de pagos de la misma por importe de al menos 1 euros/mes”. Esto supone un agravio con respecto al resto de portuenses.


Se trata por tanto de dar marcha atrás en el plan social establecido por el nuevo equipo de Gobierno, encabezado por David de la Encina, que hizo de la vivienda social y las rentas inexistentes su bandera en campaña electoral, para así atraer al inquilino de su lado, cuando ahora resulta que, debido a la deuda acumulada, se tienen que cambiar los parámetros. El panorama que se dibuja por tanto es incierto, pero puede que vuelvan a salir a la calle, con sus reivindicaciones, las pancartas que ahora se encuentran en un cajón guardadas.


La situación resultante sin duda se antoja complicada, puesto que, en el punto sexto del documento avanzado al Consejo de Administración de Suvipuerto, se destaca que “la Ordenanza Municipal de Vivienda del 4 de mayo de 2015, actualmente en vigor, ha tratado de corregir la disfunción generada por la ordenanza anterior rebajando notablemente los módulos y por tanto el importe de las rentas de cada uno de los inquilinos; y además en la disposición adiccional quinta se prevé que el déficit de ingresos que suponga la aplicación de la ordenanza sería asumido” por el Consistorio.


Pero no todo acaba ahí. Las cifras hablan de una evolución de la deuda de los inquilinos de la calle Cruces que se duplica desde 2015. Si en 2014, con el anterior equipo de Gobierno, la deuda era de 5.213,53 euros; en 2015 pasó a ser de 54.080,75 y en 2016, tras un año de Gobierno del tripartito ahora convertido en bipartito  es de 110.153,16 euros, el doble. La deuda del parque de viviendas municipal, formado por 240, pasó de 255.913,99 euros en 2015 a 276.835,72 euros en 2016.
Este último punto supone un agravio para los restantes portuenses, que “tendremos que pagar de nuestro bolsillo, porque debemos recordar que el Ayuntamiento somos todos, la amplia solidaridad del equipo de Gobierno”, lamenta Inma M., porque “todos sabemos que hay inquilinos que pueden pagar y si no, para eso están los alquileres sociales, con cuotas más bajas, pero lo que no puede pasar es que de las arcas municipales salga el dinero para pagar las viviendas municipales, porque entonces todos tenemos derecho a una de esas viviendas”.

Actuaciones


Suvipuerto plantea además la adopción de medidas contra la morosidad. En cuanto al parque de viviendas de titularidad municipal, aseguran que, desde 2013, Suvipuerto viene arrastrando un grave problema derivado del impago de rentas por parte de los arrendatarios de dichas viviendas, destacando que la Ordenanza Municipal que regular el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas y de Viviendas de Titularidad Municipal de 2013, ya derogadas, incorporaban el aumento notable del importe de la renta, dando lugar a que los arrendatarios dejaran de atender sus obligaciones corrientes. Pero en cambio, desde 2015, el gobierno actual de David de la Encina tampoco ha tomado medidas para que esta situación cambie, y la deuda continúa aumentando, por lo que se hace más costoso poder asumirla.


Con respecto a Cruces, 8, se plantean dos problemas: por un lado, las fincas siguen siendo propiedad de Suvipuerto, por lo que están gravadas con un crédito hipotecario, que desde este mes de octubre, “previsiblemente” Suvipuerto no pueda afrontar, y de otro, apuntan que la deuda acumulada es de 110.153,16 euros, que se tardará años en liquidar.

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