La Constitución de 1978 cumple este lunes 43 años desde su aprobación en referéndum y, pese a las cuatro décadas transcurridas y los discursos de los partidos de hace años, su reforma o actualización ha desaparecido de la agenda de previsiones e incluso el retoque puntual planeado por el Gobierno para corregir el tratamiento de la discapacidad ha encallado en el Congreso sin el respaldo necesario para seguir adelante.
El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero llegó a impulsar una revisión de la Constitución en cuatro ejes muy concretos, en los que se confiaba en un acuerdo de mínimos: reformar el Senado para convertirla en una autentica Cámara de representación territorial, eliminar la discriminación de la mujer en la sucesión de la Corona, incluir a las comunidades autónomas en el articulado (dado que la Carta Magna es anterior a los Estatutos de Autonomía) y recoger la pertenencia de España a la Unión Europea, que también fue años después.
El Consejo de Estado redactó incluso un informe sobre estos cuatro puntos, pero aquel intento no llegó a prosperar y ni siquiera se abrió una negociación formal. Además, uno de los puntos, el relativo a la Corona, habría exigido una mayoría ultrareforzada de dos tercios del Congreso (233 votos) y después disolución inmediata de las Cortes y ratificación por un nuevo Parlamento, condiciones que no resultaban posibles.
El PP, entonces primer partido de la oposición, siempre ha recelado de 'abrir el melón' de la reforma de la Constitución por temor a que se introdujeran otras cuestiones que considera inaceptables, como el cuestionamiento de la Monarquía o el derecho de autodeterminación.
LA ÚLTIMA REFORMA, HACE 10 AÑOS
Lo que sí se aprobó en agosto de 2011, motivada por la presión europea ante la crisis económica del momento, fue una reforma puntual del artículo 135 de la Constitución para imponer el principio de la estabilidad presupuestaria y marcar como prioritario para todas las administraciones el pago de la deuda. Fue pactada por PSOE y PP y se tramitó de forma exprés, sin opción a referéndum.
La anterior reforma data de 1992, casi veinte años antes, cuando se añadió un inciso al artículo 13.2 para permitir el voto de los extranjeros en municipales, un cambio derivado de los compromisos acordados en el Tratado de Maastricht de la unión Europea.
La llegada del PP al Gobierno a finales de 2011 enfrió las posibilidades de recuperar la revisión de la Constitución. El PSOE de Sánchez planteó en 2015 una nueva tentativa para actualizar la Carta Magna siguiendo los ejes de Zapatero, pero desde la oposición no tuvo fuerza para impulsarla.
Además, las elecciones de diciembre de 2015 supusieron el fin del bipartidismo y las posibilidades de reforma se reabrieron a nuevos escenarios. Podemos ya avisó que forzaría un referéndum ante cualquier cambio en la Carta Magna, un mecanismo que los partidos mayoritarios desearían evitar.
CADA VEZ MÁS TEMAS PENDIENTES
En 2018 y 2019 Pedro Sánchez fue añadiendo puntos a una futura reforma constitucional, como reafirmar la sanidad entre los derechos fundamentales, blindar las pensiones públicas en el articulado de la Carta Magna, y cambiar el articulo 99 que regular el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno para evitar bloqueos, pero todas esas ideas, expresadas en mítines, discursos o entrevistas, no llegaron a concretarse en una iniciativa articulada.
Por su parte Ciudadanos planteó una reforma puntual para suprimir los "aforamientos políticos" de Gobierno, diputados y senadores, que están blindados en la Constitución. Buscaba repetir el mecanismo exprés del artículo 135 de 2011, pero no tuvo apoyos.
Y a raíz de la investigación a los negocios privados de Juan Carlos I, Sánchez abrió la puerta a que una futura reforma constitucional incluyese también límites en la inviolabilidad del Rey, pero sin mucho entusiasmo dado que ello implicaría esa mayoría agravada y además convocar un referéndum con la Monarquía como protagonista.
Lo cierto es que, en la actual legislatura, lo único que se ha puesto sobre la mesa es una reforma puntual del artículo 49, impulsada por el Gobierno de coalición para corregir el tratamiento de la discapacidad y sustituir el término "disminuido" por "persona con discapacidad.
Pero pese a su simplicidad, la reforma ha encallado en el Congreso, ya que no tiene garantizados los 210 votos que se necesitan para su aprobación., El PP y Vox presentaron enmienda de totalidad alegando que no hay clima político adecuado para abrir el debate de la reforma constitucional y alertando de la posibilidad de que en su tramitación, dada la debilidad del Gobierno, se pudieran introducir otros asuntos ajenos.
El presidente Pedro Sánchez tiene intención de aprovechar el aniversario de la Constitución para reimpulsar esta modificación del artículo 49, animando al PP a sumarse, pero el Gobierno asume que en a actual coyuntura no puede intentar más cambios en la Carta Magna.
Y es que la aritmética parlamentaria en la actual legislatura da a la suma del PP y Vox, con 140 diputados más UPN y Foro, capacidad de veto para aprobar reformas constitucionales, por limitadas que sean. Máxime cuando formaciones independentistas como Bildu, Junts o la CUP se declaran ajenas a participar en cualquier votación que les suponga apoyar la Constitución de 1978 que denostan.
