Ordóñez pidió a la Corte Constitucional declarar “exequible” (que se puede llevar a efecto) la Ley de Referendo que permitiría a Uribe optar de nuevo a la reelección en los comicios presidenciales de mayo.
Si bien este concepto no es de obligatorio cumplimiento, es importante porque es un paso previo a la decisión final de la Corte Constitucional sobre la viabilidad de la Ley de Referendo.
El Ministerio Público además consideró que efectivamente hubo fallos en el proceso legislativo de la Ley, pero éstos no pueden considerarse como causa de nulidad.
También determinó que el Congreso sí tenía potestad para cambiar el texto del proyecto de Ley durante el proceso, ya que en un primer momento se hacía alusión a que Uribe podría presentarse en las elecciones de 2014 y después se determinó que podría hacerlo en las de 2010.
“La Constitución Nacional no es un instrumento pétreo, se puede modificar, pero los cambios están sometidos a controles de la Carta Constitucional”, manifestó Ordoñez.
Si bien pidió al Constitucional que dé luz verde al referéndum, también exigió al propio Uribe que respete la Ley de Garantías Electorales, la que permite a los demás candidatos no quedar en desventaja frente al presidente en el caso de que éste se presentara a los comicios.
Esta ley, de 2005, estableció “reglas de juego” para que los aspirantes a la Presidencia no estuvieran en desventaja a la hora de enfrentarse al “gobernante-candidato” Uribe, que ya iba camino a buscar su primera reelección y que se materializó en los comicios de 2006.
