La Ley de Familias, uno de los proyectos estrella impulsado por el Ministerio de Ione Belarra, no termina de arrancar su tramitación parlamentaria y permanece atascada en el Congreso de los Diputados ante la oposición de los nacionalistas, que consideran que la norma invade competencias autonómicas.
A pesar de haberse aprobado su tramitación urgente, el proyecto, que recibió el visto bueno del Ejecutivo a finales de marzo, llega al Día Internacional de las Familias que se celebra este 15 de mayo sin que se hayan registrado avances.
No es la primera vez que se estaca el proyecto, objeto de largas negociaciones entre Derechos Sociales y Hacienda antes de llegar a la mesa del Consejo de Ministros.
Alcanzado el acuerdo en el seno del Ejecutivo, cediendo Belarra en varias de sus propuestas iniciales, el siguiente escollo ha aparecido en el Congreso, donde se ha topado con el rechazo de ERC, PNV, PDeCAT y Bildu por invasión competencial, además del manifestado desde el inicio por PP y Vox, que han presentado enmiendas a la totalidad.
También lo han hecho el PNV y PDeCAT, mientras que EH-Bildu y ERC siguen negociando con el Gobierno y confían aún en no tener que dar el paso, con el plazo para presentar las enmiendas ampliado hasta este miércoles.
Unos contactos con los republicanos que ha confirmado la propia Belarra, que confía en alcanzar un acuerdo con ERC para que la ley pueda salir adelante en esta legislatura.
EL EMPEÑO DE LOS NACIONALISTAS: SALVAR LA INVASIÓN COMPETENCIAL
La principal objeción de ERC, Bildu y PNV para rechazar el proyecto es la que consideran una invasión competencial de la norma.
"Estamos centrados en salvar eso", aseguran a EFE fuentes del PNV, que en su enmienda incide en que la protección de las familias es competencia exclusiva autonómica y que lo que hace este proyecto de ley es "ordenar" a las comunidades "la forma en la que tienen que actuar" y eso les impide "el ejercicio de su autonomía política".
Fuentes de ERC subrayan a EFE que están negociando también la financiación.
"Si conseguimos salvar cualquier atisbo de invasión competencial, puede haber una buena ley", ha avanzado Oskar Matute, de EH-Bildu.
El PDeCAT, por su parte, mantiene su enmienda a la totalidad para "blindar y defender" las competencias de la Generalitat; "por ahora", apuntan a EFE fuentes de este partido, no se han puesto en contacto con ellos desde el Gobierno.
NUEVOS PERMISOS Y MÁS FAMILIAS "NUMEROSAS"
La Ley de Familias, que no prohíbe el denominado "pin parental", recoge tres nuevos permisos de cuidados junto a otras medidas para favorecer la conciliación y reconoce distintos tipos de familias, como LGTBI, con algún miembro con discapacidad, múltiples, reconstituidas, adoptivas o acogedoras.
En líneas generales, el proyecto ha sido bien acogido por las entidades sociales, que valoran el avance de reconocer los diversos modelos familiares y de incorporar medidas que amplían la duración del permiso por nacimiento, acogimiento y adopción o la prestación por crianza.
Desde la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) consideran que supone una "oportunidad histórica" para proteger a todas las familias, en tanto que la Plataforma de Infancia hace hincapié en que debe garantizar las prestaciones y permisos de apoyo a la crianza y al cuidado de familiares.
No obstante, el proyecto también ha recibido críticas por parte de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), que la semana pasada entregó en el Congreso más de 72.500 firmas en contra de que se suprima su nombre y se cree el de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza en la nueva Ley de Familias.
En la nueva norma desaparece la actual denominación de familias numerosas y al nuevo título se suman, con los beneficios que conllevan, las familias monoparentales con dos hijos, las de dos hijos encabezada por una víctima de violencia de género o con dos hijos y un ascendiente o descendiente con discapacidad, entre otras.
España
La Ley de Familias, proyecto estrella de Ione Belarra, se atasca en el Congreso
No es la primera vez que se estaca el proyecto, objeto de largas negociaciones entre Derechos Sociales y Hacienda antes de llegar a la mesa
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